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SAN CARLOS, Colombia — Antes de terminar su café, Ángela Moreno, una activista mulata de 44 años, bajó la cabeza y susurró: “Ese es el hombre que mató a mi hermano”.

Había lanzado una mirada furtiva a un hombre mayor que ella que caminaba cerca de la plaza de San Carlos, un municipio de 16.000 habitantes a unos 100 kilómetros de Medellín en el que los dos habían crecido y conocido la guerra.

Cuando el presunto asesino de su hermano se alejaba, Ángela, que ayuda a sus paisanos a convivir después de la guerra, se retorció en su silla y dijo: “Puede que algún día hable con él, pero a estas alturas del conflicto no creo que los grupos armados sean los únicos actores. El solo hecho de permitir que pasara lo que pasó nos hace actores del conflicto a todos, todos, todos”.

Era un viernes de agosto y los habitantes de las veredas llenaban la plaza para comprar víveres donde hasta hace una década había vacío: el 70 por ciento de los sancarlitanos había huido del terror de los grupos guerrilleros y los paramilitares.

La noche anterior, Ángela estaba sentada en otra terraza de la plaza cuando un exparamilitar se acercó para contarle quién había matado a su hermano Nodier Moreno —el tercero de los cuatro hermanos que le quitó la guerra—, hacía dieciséis años: le dijo que a Nodier le habían disparado después de raparle la cabeza porque no aceptó la oferta forzosa de reclutamiento de los paramilitares. Y que quien lo mató fue ese vecino que ella conocía desde niña.

Hace más de una década que la guerra en San Carlos no se ve pero se recuerda. O, en algunos casos, se evita recordar. Los sancarlitanos han desarrollado dos memorias: la de la vida tranquila de un pueblo en el oriente del departamento de Antioquia y la de tres décadas de guerra.

Entre 1998 y 2005, en los años más duros del conflicto en San Carlos, cerca de 18.000 personas abandonaron el municipio, convirtiendo a la región en una de las cinco con mayor número de desplazados en Colombia.

Hoy, por su plaza de baldosas color ladrillo cruza gente de maneras sencillas y traumas complejos: Betty Loaiza, una profesora rural que se comió una hoja de un cuaderno con una lista llena de nombres delante del comandante paramilitar que había dado la orden de matarla; Judith Flores, que buscaba cadáveres con un grupo de mujeres porque si lo hacían los hombres los mataban;  don Adolfo Urrea, un anciano que perdió un brazo por la explosión de un coche bomba de la guerrilla; Carlos Andrés Pérez, un exparamilitar que se desmovilizó en 2005 y ahora trabaja en el único billar del pueblo.

 Un grupo de agricultores veteranos conversa en la plaza de San Carlos, en agosto de 2017. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

A unas cuadras de la plaza, en una casa colonial, vive Herminia Castaño, una mujer que entre 1998 y 2005 compró en secreto decenas de periódicos cuando no se vendía prensa en el pueblo —porque los diarios no llegaban o porque los quemaban al llegar— porque tenía miedo de que nadie se acordara de los 1250 homicidios, las 327 víctimas por minas antipersona, las 210 desapariciones forzadas, las 12 víctimas de violencia sexual y las 33 masacres que, según el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE) del municipio, se produjeron en los años en los que San Carlos se convirtió casi en un pueblo fantasma.

Ahora, víctimas y asesinos toman café y comentan los chismes del pueblo mientras construyen la paz y lidian con su guerra interna.

‘¿Usted por qué me va a matar?’

El padre de Ángela Moreno tuvo once hijos y dos de ellos nacieron el mismo día en la casa familiar: uno era hijo de su esposa, otro de su cuñada. Su suegra atendió los dos partos. Con el tiempo, uno se hizo conductor de autobús y resultó herido en un atentado de un grupo guerrillero; el otro, Gildardo, el hijo de la cuñada, sería el primero de la familia en morir asesinado.

Pero hasta los años setenta, para los hermanos la guerra solo era una historia que contaba la abuela sobre La Violencia, la lucha entre conservadores y liberales que en décadas anteriores había dejado unos 200.000 muertos en Colombia.

Ángela Moreno recuerda que fue después de la muerte de su padre, cuando ella todavía era una niña y ya se encargaba de muchos quehaceres de la casa, que empezó a escuchar historias presentes de violencia. Una gran hidroeléctrica había llegado al municipio y tres de sus hermanos empezaron a trabajar para la empresa, que se convirtió en la principal fuente de trabajo.

 Un altar en una de las casas abandonadas durante la guerra en la zona rural de San CarlosCreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Los sacerdotes advertían a los fieles que tenían que cuidar el pueblo, porque la vida sencilla de San Carlos en la que los niños chapoteaban en los charcos y jugaban con cartones en los montes ajenos al peligro, se iba a acabar. Llegaron los trabajadores extranjeros. Llegó el dinero. Y llegaron los grupos armados: primero el ELN, la década siguiente las FARC y, desde los años noventa, los grupos paramilitares.

Muchos sancarlitanos denuncian que, a medida que la violencia iba asfixiando al municipio, el ejército pasó del abuso de poder al asesinato de civiles que hacían pasar por guerrilleros y, después, a la connivencia con los paramilitares.

“Al principio la guerrilla era sana, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto”, dice Ángela Moreno. “Pero nos equivocamos. Después pensaba: ‘Mi familia no ha hecho nada malo, ¿por qué nos iban a hacer algo?’. Y, otra vez, nos equivocamos demasiado”.

Una noche de 1991, cuando la familia velaba a la abuela en la casa, Ángela escuchó un grito: “¡Gildardo!”. Era de madrugada y todos los asistentes al velorio salieron a la calle, donde encontraron el cadáver de su hermanastro. Una cuadrilla del MAS (Muerte a Secuestradores), un grupo paramilitar creado con el dinero del Cartel de Medellín, había llegado a la ciudad. Le preguntaron a Gildardo Moreno por el paradero de un guerrillero. “¿Yo qué hijueputas voy a saber?”, respondió. Le pegaron un tiro. El cuerpo quedó en la calle hasta el amanecer y la familia volvió a velar a la abuela.

“Al principio la guerrilla era sana, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, pero nos equivocamos. Después pensaba: ‘Mi familia no ha hecho nada malo, ¿por qué nos iban a hacer algo?’ Y, otra vez, nos equivocamos demasiado”.ÁNGELA MORENO

Los grupos paramilitares no tomarían el control del pueblo hasta unos años más tarde, pero la violencia ya se engendraba en el monte. Ángela Escudero, una mujer rolliza que ha enterrado a su marido y a uno de sus hijos, contó cómo las FARC y el ELN llevaban décadas instalados cerca de Dos Quebradas, una de las 76 veredas del municipio de San Carlos. En los noventa empezaron los asesinatos selectivos.

“En diez años mataron a siete personas”, dijo Escudero. “Por sospechas, vicios o chismes de vecinos”. La guerra también se utilizaba para resolver problemas personales. A uno lo acusaban de guerrillero y los paramilitares lo desaparecían. También ocurría en el otro sentido. Dar un vaso de agua a un enemigo en un territorio controlado podía causar la muerte.

En Dos Quebradas, una finca comunitaria que dependía de su ganado, esto comenzó el 31 de octubre de 2001 cuando la guerrilla les robó entre ochenta y cien vacas. “Sobrevivimos de milagro”, comentó Escudero. La comunidad, en aquel entonces de unas cincuenta familias, empezó a sembrar plátano, yuca y café para mantenerse. “Cuando las autodefensas llegaron a San Carlos, la guerrilla nos amenazó y nos prohibió llevar productos allá porque era ir a alimentar a los contrarios. Nosotros no entendíamos de esa guerra. Solo entendíamos de trabajar”.

En 2002, la guerrilla mató a su esposo por ser el líder de la comunidad.

En las veredas contiguas se escuchaba de masacres y las Autodefensas Unidas de Colombia empezaban a incursionar en la zona y pintaban las paredes con sus siglas. “Nosotros borrábamos todas las letras, tanto de las guerrillas como de los paramilitares. Era una manera de decir ‘No estamos con nadie’”, dijo Escudero.

Ella llevaba productos al pueblo a pesar de la prohibición. Algunas familias aprovechaban la noche para escapar. Unas treinta veredas del municipio de San Carlos quedaron abandonadas y en otras veinte solo quedaron un puñado de personas. Todavía es común ver las casas vacías de los que nunca regresaron.

 Una de las casas abandonadas en la zona de San Carlos. Durante los años más duros de la guerra, miles de habitantes se fueron para huir del horror y nunca regresaron. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

El 16 de enero de 2003, Escudero fue a San Carlos para matricular a uno de sus hijos en un hogar juvenil porque en las veredas muchos jóvenes eran reclutados por las FARC. Cuando llegó al pueblo se encontró con decenas de hombres camuflados. Entró a su casa y se sentó en la cama con su otro hijo de 10 años desde donde escuchaba las ráfagas de las metralletas. Ese día mataron a casi todos los hombres y a cinco mujeres. En las veredas contiguas, Dinamarca y la Tupida, también hubo masacres.

Entre los muertos estaba su hijo de 17 años: “Él se fue a otra vereda a una oración. Se quedó con unos amiguitos ahí compartiendo cuando llegó la guerrilla y masacró a los niños”, cuenta Escudero. Aquella noche, los habitantes de Dos Quebradas se fueron. “¿Qué íbamos a hacer con una serie de muertes, con tantas amenazas? Entonces dijimos: ‘Organicémonos y vámonos todos a San Carlos a ver qué hacen con nosotros’”.

En San Carlos, los paramilitares ya controlaban el pueblo. Betty Loaiza, una maestra rural, recordaba la primera incursión del grupo paramilitar Bloque Metro en 1998: “Entraron armados y uniformados. Si tocaban la puerta y alguien salía, se lo llevaban para el coliseo, ahí empezaron a clasificar gente para matarla”.

Esa vez las autodefensas reunieron a unos mil hombres. Tenían listas con nombres y le pedían a cada uno su cédula para confirmar si había que matarlo o no. El mismo día, a unos pocos kilómetros allí, en la vereda La Holanda, asesinaron a trece personas y quince más desaparecieron. Fue el comienzo del terror sistemático con el que operaron los paramilitares.

A partir de ahí, las llamadas “rutas del terror” —recorridos en los que los paramilitares dejaban una estela de muerte por las veredas—, las listas y las masacres públicas se hicieron comunes en el pueblo. Los asesinos dejaban los cuerpos en las calles o en medio del monte.

“Llegó un momento tan horrible que los hombres no podían ni recoger los cuerpos porque también los mataban, entonces se formó un grupo de mujeres voluntarias que se encargaba de enterrar a los muertos”, dijo Judith Flores, que fue una de las llamadas Damas de Negro. “A nosotras no nos tiraban”.

 Judith Flores fue una de las llamadas Damas de Negro: un grupo de mujeres voluntarias que se encargaba de enterrar a los muertos, ya que los hombres no podían recoger los cuerpos porque también los mataban.CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

La cercanía con la muerte también se convierte en hábito. Antes de pagar la factura de la luz cerca de la plaza, Flores contó que las FARC le asesinaron a su primer marido y los paramilitares al segundo: “Con ese me hicieron un favor… porque vivíamos muy mal”.

Los que se quedaron en San Carlos durante esos años, como la maestra Betty Loaiza, fueron conocidos como los Resistentes. A pesar de ver a sus vecinos marcharse, de encontrarse con muertos en su camino a la escuela, de que su hermano fuera desaparecido en 2002 y de saber que su nombre estaba en una lista de gente para ser asesinada, Loaiza se negaba a dejar su casa.

“Yo no había hecho nada malo. ¿Por qué me iba a ir? Yo dije: ‘No, lo que tengo que hacer es hablar con quien me va a matar’”. La maestra se llevó una virgen y se fue a hablar con el líder paramilitar. “Yo me confié en Dios y le dije: ‘¿Usted por qué me va a matar?’”.

El jefe la miró sonriendo y le explicó que ella estaba en la lista por darle clases a los hijos de guerrilleros. Loaiza cuenta que le explicó que ella enseñaba a niños sin importar de dónde fueran, mientras él le mostraba un cuaderno que tenía en la mano. “Estaba lleno de gente para matar, eso era impresionante, con nombre y cédula de cada uno”. El jefe tuvo una concesión con ella y la dejó arrancar la hoja en la que estaba su nombre. A ella solo se le ocurrió comérsela por pedacitos.

‘Yo nunca sentí odio’

A mediados del año 2000, los paramilitares le advirtieron a Ana Velásquez y al resto de los habitantes que tenían tres días para abandonar Samaná, el corregimiento donde ella soñaba que iba a envejecer entre plantaciones de maíz, frijol y gallinas y ganado.

Velásquez recogió sus cosas y se llevó a sus ocho hijos a Medellín. Samaná quedó casi vacío. Cuando llegó a la ciudad, su marido, que se había ido un año antes también amenazado, estaba con otra mujer. Buscó trabajo, pero no sabía hacer otra cosa que no fueran las tareas del campo. Algunos días cogía un autobús y deambulaba durante horas en la ciudad sin destino. Por eso decidió volver al municipio, aunque la guerra no había acabado.

Unos meses después de regresar estalló una bomba y su hijo más pequeño se metió debajo de la cama mientras gritaba: “Mamá, ¿por qué me ha traído a este pueblo otra vez?”.

Velásquez se fue a vivir a otra veredas y solo regresó a Samaná una vez. La última imagen que vio fue la de un camión con cadáveres, incluido el de uno de sus hermanos y un tío. El 10 de julio de 2004, las FARC masacraron a siete campesinos que habían vuelto para recuperar sus tierras. Al año siguiente, la mayoría de los paramilitares de la región se acogió al proceso de desmovilización y finalizó el periodo más crudo de la guerra.

“Lo peor después de la guerra es que hemos perdido la confianza con el vecino y para la gente como mi padre, un tiempo que no tienen y eso es irrecuperable”, dijo Velásquez en la plaza del pueblo. “A veces me siento forastera”.

El retorno de los Velásquez, como el de todo el municipio, fue un regreso a medias. Su padre, un hombre anciano y enfermo que vive en casa de un hermano en Medellín, quiere volver al campo, pero no tiene adónde regresar.

“Está encerrado y lo único que quiere es pasar sus últimos días en el campo. Pero él vendió sus tierras después de la muerte de mi hermano y mi tío porque pensaba que nunca podría volver. Yo no quiero dinero”, dijo Velázquez. “Yo lo que quiero es un pedacito de tierra para mi padre”. Ella, que ahora coordina una asociación de mujeres del campo retornadas, calculaba que, de las 85 integrantes de la asociación, unas 50 están sin tierra.

 Un hombre juega con una máquina tragamonedas en el único billar del pueblo, donde trabaja un exparamilitar desmovilizado. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

 A Judith Flores las Farc le mataron al primer marido; los paramilitares, al segundo.CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Hace más de una década que la guerra no se ve en la plaza de San Carlos, pero en las veredas la recuerdan las casas vacías de la gente que nunca regresó. Hasta 2011, el periodo en el que se produjo el regreso más grande, habían retornado 9000 personas al municipio, poco más de la mitad de los que huyeron de la guerra.

Al día siguiente de contarle a Ángela la verdad sobre el asesinato de su hermano, el exparamilitar aceptó ser entrevistado a cambio del anonimato.

Aparcó su mototaxi y se dirigió a las oficinas del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE), ubicado en lo que durante los años duros de la guerra era el Hotel Punchiná y fue utilizado como sede paramilitar.

Pastora Mira, una mujer a la que le asesinaron a su padre y a dos hijos, le desaparecieron a una hija y la amenazaron, es la coordinadora del centro que funciona en lo que, en otra época, fue conocido como la Casita del Terror por las torturas, violaciones y asesinatos que se cometieron allí. La otra integrante de CARE es Ángela Moreno.

El edificio donde funciona CARE hoy es el símbolo de la convivencia en San Carlos, un pueblo que pasó de ser ejemplo del horror de la guerra a un ejemplo de que víctimas y victimarios pueden convivir en el mismo espacio. Porque aún con la desconfianza, los sancarlitanos ahora hablan, caminan y se mantienen allí.

 Pastora Mira, la coordinadora del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE) de San Carlos CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Una vez en la oficina, el exparamilitar, un hombre esquelético con el pelo cortado a cepillo y grandes cadenas de oro colgándole en el pecho, contó que había estado veintiocho meses en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta 2004, cuando pensó “que había cumplido un ciclo porque habíamos limpiado el pueblo”. Se fue de San Carlos, pero volvió cuatro años después.

Dice que se unió a los paramilitares para “despojar al pueblo de la opresión” y asegura que hoy puede caminar tranquilo por allí, a pesar de haber sido parte de un grupo que masacraba a sus vecinos. “Hubo muertes que no fueron injustas”, dijo.

Un mes después de haberse incorporado, el hombre patrullaba con un fusil R15 cuando escuchó en la radio que Nodier Moreno, el hermano de Ángela, había sido asesinado. Dice que sintió un frío en el cuerpo desde la cabeza a los pies. “Nunca me imaginé que el conflicto lo fuera a tocar a él”. Durante años, la familia de Moreno pensó que él había estado involucrado en la muerte de Nodier. Lo evadían en la calle y un par de veces lo increparon para saber qué había pasado; pero hasta esa tarde de agosto, nunca había contado lo que sabía.

“Siempre hay tres verdades: la del que supuestamente lo mató o el que dio la orden. La verdad que se llevó él y la de Dios, que es el único que sabe lo que hizo. Anoche ella me preguntó y yo le dije mi verdad, que es la única que garantizo”, explicó el hombre, que decía sentirse sereno tras la conversación con Ángela.

En su escritorio, en silencio, Ángela Moreno presenció la conversación. Cuando el exparamilitar volvió a su mototaxi, ella dijo: “Yo nunca sentí odio, esto es una paz para las generaciones que vienen, para no repetir la historia”. Su historia dice que la guerra le quitó a cuatro hermanos: a Gildardo, primero, en el velorio de la abuela, y en solo tres años, desde 2000 hasta 2003, a Francisco Luis en una masacre de los paramilitares, a Nodier por negarse a ser reclutado y a Sergio en una masacre de las FARC.

 Durante los peores años del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en Colombia, siete de cada diez sancarlitanos huyeron del municipio para escapar del terror y la violencia. Las casas vacías de aquellos que nunca regresaron siguen recordando la guerra. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

En aquel tiempo Ángela tuvo dos hijas. La mayor estudia en Medellín, la pequeña vive con ella. En esos días preparaba su solicitud para la universidad. Viven en una casa grande, antigua, a pocas cuadras de la plaza del pueblo.

Cuando Ángela se va de viaje, su hija solo sale de casa para ir al colegio. Es callada, tímida, le cuesta dar afecto. “Yo creo que son traumas, porque a ella la tuve en los peores años del conflicto”. A veces, cuando las dos caminan por la calle, su hija se gira bruscamente y mira hacia atrás como si hubiese visto un fantasma.

https://www.nytimes.com/es/2017/12/14/san-carlos-colombia-reconciliacion-conflicto/?em_pos=large&emc=edit_bn_20171214&nl=boletin&nlid=74584046&ref=headline&te=1