Del Abogado Amigo por Luis Torre Aliyan

‘Municipio convertirá basura en negocio: 40 pesos al mes’, leí con asombro una nota a media semana.  En la misma, se señalaba que nuestro alcalde Xico, había calificado como “firme” la tendencia hacia la privatización y adelantó, según la nota, que en el caso, la concesión del servicio de recolección de basura se cobraría a través del listado que maneja la COMAPA por cada toma de agua, aplicándose en un apartado de dicho recibo…

Y, aunque al final de su declaración dijo que no era un hecho, si señaló que se valoraría, y se buscaría que la gente estuviera enterada de la medida.

En los dos días siguientes, y estimo atinadamente, aclaró el Alcalde que no; rectificó, pues, diciendo que la decisión de privatizar el servicio de recolección de basura no se tomará en el corto plazo, señalando que en todo caso tendría que pasar por múltiples estudios, pero sí poniendo sobre la mesa el cuidado al medio ambiente.
A ver, el argumento que “de bote pronto”, digamos, llevó al Doctor a declarar así, me parece es una realidad, es decir: es verdad que la recolección de la basura es una importante carga financiera para el municipio, por las carencias en el área de limpieza pública, por los camiones obsoletos y por los cientos de trabajadores destinados a dicha área.

Sin embargo, hay razón de índole jurídico, de tipo cultural y qué decir de la relacionada con lo económico para, por lo menos, aplazar por un término considerable el tema: hoy por hoy no debe estar en la agenda.

En lo jurídico, el simple remar contra la corriente del 115 constitucional, que es claro al establecer que la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos estarán a cargo de los municipios, pues, aunque sí es factible encontrar una figura jurídica como la concesión para dar cabida a la “privatización”, lo cierto es que ésta, de entrada, vulnera el espíritu constitucional en el sentido de que tanto la recolección de la basura como el resto de servicios públicos que el 115 constitucional enumera, deben permanecer a cargo del municipio.

En lo cultural, bueno, el pueblo está acostumbrado a que -sin pagar un costo adicional- sea el municipio el que se haga cargo de dicho servicio, así ha sido a través de muchísimos años, romper la inercia per se tendría un costo político mayúsculo, no se diga si aunado a lo anterior se cobrara por ello; estimo sería altísimo.

Y en lo económico, no me dejará mentir Usted estimado lector, que es hoy el rubro más importante de este análisis. Lo he dicho en otras ocasiones: el estado que guarda la economía victorense está lejos de ser el óptimo y, agregarle una carga adicional (por mínima que pudiera considerarse para algunos -40 pesos-), desde luego que no sería bien vista y mucho menos bien recibida por una sociedad cuyo bolsillo no pasa por su mejor momento y que, digámoslo como es: no está dispuesta a pagar ni un peso más de impuestos hasta no ver que se sustituya realmente el “mal ejercicio del gasto” por servicios públicos de mejor calidad. Ese sentimiento permea en todo el país.

En fin, aunque suene raro, porque son muy parecidas las palabras, en los gobiernos de hoy: la tendencia es lo que pasó con la eliminación de la tenencia vehicular… Menos carga para el ciudadano.

Bien por nuestro Alcalde Xico. Para mí, dar rápido marcha atrás a algo es un destello de gobierno sensible: no ajeno al sentir ciudadano que, hay que decirlo, solo con oír sobre la posible implementación de la medida, la rechazó. El Alcalde escuchó, y reculó. Atinada reconsideración.