CIUDAD VICTORIA, TAMPS. El Pleno del Congreso, aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, estableciendo un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las Dependencias contratantes, para que vigilen el cumplimiento de los actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición, con el objeto de que los servidores públicos que participen en la desviación de recursos respondan por sus conductas.

La Ley en mención, tiene como objeto regular las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones de mercancías, materias primas y otros bienes muebles e inmuebles; enajenaciones de bienes; arrendamiento de bienes; contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles y arrendamientos financieros.

Al hacer uso de la máxima tribuna, el Presidente del Congreso del Estado, Diputado Glafiro Salinas Mendiola, destacó que esta representación social, en suma con los mecanismos del combate a la corrupción, determinan loable la garantía del manejo responsable de los recursos públicos, mediante una normatividad eficaz, sobre todo preventiva.

De esta forma, se fija que el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen, redacción que fue añadida para lograr este fin.

El legislador precisó que los tres órdenes de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, han realizado múltiples acciones con la finalidad de combatir la corrupción en sus diversas modalidades. 

“Se puede dar cuenta, que en la actualidad se han dado grandes avances; a manera de ejemplo podemos referir el Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia de coordinación entre distintas autoridades locales y participación ciudadana, con el objetivo de prevenir, detectar, y sancionar responsabilidades administrativas, así como hechos de corrupción, además de fortalecer la fiscalización y control efectivo de recursos públicos”, añadió.

Salinas Mendiola, recalcó que el Estado cuenta con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual es un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Sin embargo, señaló que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en marzo de 2018 emitió el “Índice de Riesgos de Corrupción”, en el cual refiere su preocupación en el área de compras y adquisiciones de la Administración Pública, ya que la alta ejecución de recursos propicia que las operaciones realizadas sean susceptibles de presentar actos de corrupción.