Investigación Especial por Alberto González Káram

La pasada administración pública federal 2012-2018 de Enrique Peña Nieto, se caracterizó por desatender los rezagos en materia de inclusión financiera, subutilización de las tecnologías de la información, incompetencia y subdesarrollo de mercados, aumento de costos y pérdidas de tiempo, desatención a grupos vulnerables, desintegración económica, desigualdad de oportunidades y reducción de los beneficios a los usuarios del sector bancario y mercado de valores.

En la presente administración pública federal, se tiene como propósito aprovechar las ventajas competitivas y comparativas que ofrecen más de 64 millones de usuarios de teléfonos inteligentes con 34 millones de cuentas bancarias, a fin de contar con medios de pago más eficientes en beneficio de la mayoría de la población para captar y promover el ahorro, así como canalizarlo a la inversión productiva.

La plataforma de pagos mediante dispositivos móviles, utilizando la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) conjuntamente con la banca comercial, permitirá realizar pagos electrónicos en segundos y sin costo alguno para el comprador y vendedor, mediante un esquema en el que los vendedores tendrán seguridad en sus transacciones de liquidación instantánea y sin costo, mientras que los consumidores podrán realizar transacciones inmediatas, seguras y eficientes desde un dispositivo móvil o Internet, reduciendo el uso de efectivo y con acceso a otros servicios financieros formales adecuados a sus necesidades.

En la apertura de créditos asociados a la nómina con cualquier banco, se permitirá que todos los trabajadores puedan usar sus cuentas bancarias de nómina como fuente de pago para todo tipo de créditos y con cualquier institución financiera, aumentando su poder de negociación y contribuyendo a la baja de costos en este tipo de créditos.

La regulación de reportos y préstamo de valores, permitirá que un mayor número de entidades financieras puedan realizar operaciones de reporto o préstamo de valores, flexibilizará la gama de títulos que los intermediarios podrán reportar o prestar con lo cual se fomentarán mejores condiciones de liquidez en el mercado de renta fija y de capitales manteniendo en todo momento un estricto control sobre los riesgos.

El fortalecimiento de incentivos para la incorporación de empresas al mercado de valores, así como eliminación de discriminación entre inversionistas, permitirá participar cuando se presente una Oferta Pública Inicial, en la que se otorgará una tasa equivalente al 10 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre la ganancia en la enajenación y en la Compra de Bonos Corporativos, se dará la acreditación del 100 por ciento de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para extranjeros residentes con inversiones de deuda corporativa.

En la mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones de reporto y préstamo de valores, se fortalecerá el esquema de financiamiento a las empresas para que puedan dar y recibir en préstamo los valores emitidos, a fin de dinamizar el financiamiento y con ello el desarrollo de las empresas.

La mayor flexibilidad al régimen de inversión de las Afores, busca diversificar mejor sus inversiones y puedan invertir más y mejor en proyectos de infraestructura productiva para lograr el fortalecimiento de las pensiones de los trabajadores, promover el ahorro voluntario y fortalecer al mercado financiero del país.

Es importante destacar que se han eliminados las barreras de entrada para la inclusión financiera de jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, a fin de que puedan lograr la apertura de su primera cuenta de débito y fungir como titulares de cuenta, lo que se traducirá en beneficios de 7 millones de jóvenes, así como la bancarización de los beneficiarios de los programas de becas gubernamentales.

La reconfiguración y fortalecimiento a la Banca de Desarrollo para beneficiar a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas en donde no llega la banca múltiple, se llevará a cabo en el nuevo Banco de Bienestar y se establecerá un nuevo grupo financiero para atender de forma integral al sector agropecuario, mismo que estará conformado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural y Pesquero (FND), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y Agroasemex.

Las medidas financieras se complementan a las nuevas tecnologías en el sistema financiero para el uso masivo de servicios financieros; la autentificación de los clientes y mitigar los riesgos derivados de la suplantación de identidad; el constante avance para incrementar la protección al consumidor de servicios financieros con la estandarización de la información de costos y términos de los producto que se ofrecen y la eliminación de las barreras de movilidad de clientes.

En la presente administración pública federal, se pretende incrementar la población con acceso a servicios financieros básicos como el ahorro, crédito y seguros, así como proveer la infraestructura para la inversión, mediante la disminución de los costos del sistema financiero, eliminando barreras normativas que obstaculizan o discriminan la prestación de mejores servicios para la población en general en los ejercicios fiscales 2019-2024.