MANAGUA, NICARAGUA. La policía nicaragüense arrestó el domingo a decenas de personas, impidiendo que se llevara a cabo una nueva marcha de la oposición para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega.

Policía antidisturbios detiene a una manifestante durante una marcha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, 14 de octubre de 2018.REUTERS/Oswaldo Rivas

Las protestas contra el Gobierno comenzaron en abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes durante las primeras manifestaciones.

La policía nacional reportó la detención de 38 personas, pero dijo que ocho de ellas fueron puestas en libertad. Entre los retenidos se encuentran activistas y dirigentes políticos, según un listado divulgado por la organización no gubernamental nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Libertad para los presos políticos”, decía entre gritos Tamara Dávila, una líder opositora, momentos antes de ser subida a una patrulla.

La policía había advertido el sábado que la protesta era ilegal y que haría lo que fuera para impedirla. Ortega criticó también la marcha durante un discurso ante sus seguidores. “Están sedientos de sangre”, arengó.

Desde tempranas horas del domingo, tropas especiales de la policía y simpatizantes del Gobierno comenzaron a patrullar las calles de Managua, agrediendo incluso a periodistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) condenó las detenciones a través de su cuenta de Twitter y llamó al Gobierno a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión.

“La @CIDH expresa profunda preocupación por detenciones de esta mañana en #Nicaragua y reitera que la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos; llama al Estado a respetarlo y garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestantes públicas de protesta”, dijo.

Según organismos de derechos humanos y Naciones Unidas, la respuesta de las autoridades ha sido represiva y sostienen que cientos de personas han muerto en medio de la violencia, en su mayoría a manos de las fuerzas del orden o grupos afines al presidente.

 

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