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CIUDAD DE MÉXICO — Los mensajes llegaron en un momento de crisis conocido para la frágil comunidad periodística de México: otro reportero había sido asesinado mientras cumplía con su trabajo.

Un día después de que el destacado periodista de investigación Javier Valdez fuera asesinado a balazos, llegó información inesperada: sus colegas recibieron mensajes de texto que afirmaban que los homicidas estaban detenidos.

Los compañeros de Valdez reaccionaron con sospecha. En México, más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver, ¿cómo es que las autoridades habían solucionado este caso tan pronto?

Los periodistas pensaron que lo más probable era que los mensajes fueran un intento de infiltrarse en sus móviles; parte de un patrón de intentos de hackeo con una sofisticada tecnología de espionaje que fue comprada por el gobierno mexicano.

Tenían razón.

Los mensajes estaban infectados con el programa espía Pegasus, que el gobierno mexicano le compró a un vendedor de armas cibernéticas israelí llamado NSO Group, de acuerdo con un análisis forense del Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.

Un solo clic al enlace que venía en los mensajes habría infectado los celulares con un programa lo suficientemente poderoso para poder leer sus mensajes encriptados, revisar sus correos electrónicos y activar la cámara y el micrófono de manera remota.

Alguien estaba tratando de espiar a los amigos y colegas más cercanos de Valdez apenas un día después de su homicidio, en mayo de 2017. El principal sospechoso, según las víctimas del intento de ciberataque, es el gobierno mexicano.

“Creo que querían buscar entre nuestras conversaciones y mensajes pistas sobre el asesinato de Javier, pero estamos totalmente en contra”, dijo Ismael Bojórquez, cofundador y director de noticias de Ríodoce, el medio donde trabajaba Valdez. “Nada obtenido ilegalmente debería usarse en una investigación y particularmente nada que venga de quienes están involucrados profesional y emocionalmente con la víctima”.

Enrique Peña Nieto, al centro, después de una reunión en la que se presentaron nuevas medidas para proteger a periodistas y defensores, en 2017 CreditJosé Méndez/European Pressphoto Agency

El uso ilegal de la tecnología de vigilancia en México surgió durante el gobierno de Peña Nieto, el cual compró Pegasus con la condición de usarlo únicamente contra terroristas y delincuentes.

No obstante, Citizen Lab ha confirmado en el último año y medio que hubo una veintena de blancos del programa que no cumplen con esa condición, entre ellos algunos de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción más importantes de México.

El año pasado, cuando se dio a conocer que esto había sucedido, el gobierno mexicano de Peña Nieto denunció el espionaje y abrió una investigación federal para determinar si hubo un uso incorrecto de la tecnología.

Sin embargo, esa investigación no ha tenido avances. Ni una sola persona ha sido castigada por el uso indebido del programa.

Bojórquez, al tanto del escándalo, dijo que sospechó de los mensajes de texto. Él y otro blanco del ataque —el director de noticias de Ríodoce, Andrés Villarreal— no hicieron clic en los enlaces. Tenían motivos para sospechar.

Ambos están a cargo de uno de los pocos medios independientes del país, dedicado a cubrir a la delincuencia organizada y a exponer las vastas redes del crimen y de la corrupción en México.

Es un trabajo que no les hace ganar muchos amigos; las amenazas eran de esperarse, y no solo por parte de la delincuencia organizada. Los datos oficiales muestran que los funcionarios públicos son responsables de la mayoría de los ataques y agresiones a periodistas en México.

Aun así, habían pensado que el trabajo y el perfil internacional de Valdez lo protegerían. El periodista era conocido y querido por colegas nacionales e internacionales por igual y había ganado premios y reconocimientos en todo el mundo.

Su muerte y los intentos de ciberataque a quienes lideran las redacciones en el país dejan en claro dos de los riesgos más devastadores para la libertad de expresión en el México actual.

El primero son las amenazas físicas a los periodistas y, por extensión, a su libertad de expresión. Más de 47 periodistas han sido asesinados desde que Peña Nieto llegó a la presidencia a finales de 2012, quince de ellos desde mayo de 2017, cuando murió Valdez, según la organización de defensa y protección a periodistas Artículo 19.

“Pensábamos que un periodista tan prestigioso como Javier era intocable”, dijo Bojórquez.

“Cuando mataron a Javier, entendimos que podían matar a cualquiera”, agregó. “Entendimos que el paradigma se había roto”.

El segundo riesgo para quienes ejercen el periodismo en México es una faceta distinta, pero vinculada del Estado de derecho: existe una impunidad casi absoluta en lo que concierne a cómo se rompe o se aplica, una dinámica que se hizo evidente con el uso ilegal de un programa espía para intimidar y espiar a quienes se pronuncian públicamente por la democracia.

Desde 2016, la lista de blancos de Pegasus incluye a algunas de las figuras más importantes que exigen la rendición de cuentas en el país, entre ellos los directores de Ríodoce.

Un mural en la valla fronteriza de Tijuana con Estados Unidos hace el recuento de 140 periodistas asesinados en México. CreditGuillermo Arias/Agence France-Presse — Getty Images

Bojórquez dijo que él y otros se enteraron sobre el programa espía del gobierno en febrero de 2017, cuando Citizen Lab y The New York Times publicaron artículos que relataban cómo había sido usado ilegalmente en contra de los promotores de un impuesto a las bebidas azucaradas.

Esas investigaciones detallaban que Pegasus había sido adquirido por el gobierno mexicano e incluían detalles sobre cómo era el uso adecuado del programa. La empresa israelí que lo comercializa, NSO Group, afirmó que solo había vendido el software a gobiernos y que tenía medidas implementadas para garantizar que sus clientes siguieran los lineamientos éticos estipulados en los acuerdos de compra.

El gobierno de México quedó profundamente abochornado por el escándalo resultante. Y aun así, meses después de los intentos de hackeo a los médicos y activistas a favor del impuesto a las bebidas azucaradas en México —país que padece una crisis de diabetes—, el acoso no cesó.

“Estos intentos de infección son temerarios y probablemente indefendibles”, dijo John Scott Railton, analista sénior de Citizen Lab, sobre los mensajes enviados a Ríodoce. “Peor aún, para entonces, el cliente mexicano de Pegasus ya había sido expuesto públicamente por abusos en dos ocasiones. ¿Dónde estaba la supervisión interna? ¿Y dónde estaba la supervisión de NSO?”.

La empresa israelí aseguró que se atiene “a un estándar riguroso de cumplimiento ético y regulatorio y toma en serio cualquier acusación, sin importar de dónde viene”. Un portavoz añadió: “No toleramos el mal uso de nuestros productos en contra de activistas por los derechos civiles, periodistas o personas inocentes. Si se sospecha un mal uso, lo investigamos y tomamos las acciones correspondientes, entre ellas suspender o poner fin a un contrato”.

México se ha convertido en un emblema del uso problemático de programas espía. En varios artículos publicados en 2017, el Times y Citizen Lab detallaron el amplio uso de Pegasus contra periodistas, menores de edad, abogados defensores de los derechos humanos, políticos y activistas anticorrupción, así como contra críticos del presidente.

NSO Group aseguró que monitorea el mal uso de su software y que interviene para evitar que los clientes lo usen contra personas que no son parte del tipo de objetivos de espionaje permitidos. Sin embargo, incluso después de que se diera a conocer el uso sospechoso en febrero de 2017, los operadores en México pudieron continuar con el espionaje ilegal.

El mandato de Peña Nieto ha estado marcado por escándalos, como la compra irregular de una casa con un valor de varios millones de dólares que hizo su esposa a un contratista después favorecido por el gobierno; la desaparición sin resolver de 43 estudiantes, y el hackeo generalizado a quienes promueven la democracia en el país. En sus seis años en el gobierno también se ha dado un aumento sin precedentes en la tasa de homicidios.

Para mediados de este año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, que ha dominado la política y gobernó durante casi un siglo con escasas interrupciones, quedó básicamente fracturado. Sufrió pérdidas devastadoras en ambas cámaras del Congreso y en la elección presidencial.

El gobierno de Peña Nieto no dijo mucho en respuesta a las más recientes revelaciones sobre el acoso a los colegas de Valdez tras su asesinato. Indicó que no podía hacer comentarios sobre temas específicos de una investigación en curso, pero que está abierto a colaborar con las víctimas y está comprometido con impulsar imputaciones formales si hay evidencia.

El sábado entra en funciones un nuevo gobierno, con una ola masiva de apoyo popular. Todavía está por verse si la situación para los periodistas cambiará en el país y si se reducirán el acoso, el maltrato o los abusos por parte del Estado.

“Un cambio de gobierno no significa que cambiará el contexto de la impunidad y las agresiones contra periodistas”, afirmó Bojórquez. “Si no cambia la cuestión de impunidad, el asesinato de periodistas continuará”.

Los periodistas Ismael Bojórquez, colega de Valdez, y Carmen Aristegui están entre los blancos del programa espía comprado por el gobierno mexicano. Rashide Frías/Agence France-Presse — Getty Images