COMENTARIO EDITORIAL Por Jorge A. Lera Mejía
La actual crisis migratoria derivada por el creciente tráfico de personas, migrantes y trata de personas, es un problema de todos los estados y municipios fronterizos del norte del país.
Actualmente, además del registro de miles de migrantes que están en espera de una visa de trabajo o humanitaria de parte de Estados Unidos, al amparo del «Programa de Protección Fronteriza» (En inglés MPP «Migrant Protection Protocols» is a U.S. Government program, initiated in January 2019).
El MPP, se le conoce en México como el Programa «Quédate en México». Debido a este, se registran migrantes en espera con cerca de 5 mil centroamericanos en Reynosa, 4 mil en Matamoros, 5 mil en Nuevo Laredo, además de los que esperan en los municipios de Monterrey, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana. Estimándose en cerca de 150 mil personas hacinadas en carpas, zonas públicas como parques, riveras del río Bravo y casas de seguridad sin control.
A dichos contingentes, hay que sumar los nuevos migrantes que están en tránsito, que cruzan el territorio mexicano en grupos diarios desde 500 a 1,000 personas que ingresan a Chiapas por el Río Suchiate.
La mayoría de ellos, se enfilan hoy día, hacia la frontera más cercana con la Unión Americana que es Nuevo León y Tamaulipas.
El tráfico de personas o migrantes permanece fijo en el panorama de Tamaulipas a lo largo de las últimas décadas. En los inicios del fenómeno, este tráfico de registraba mediante grupos de polleros y era una actividad más simple, por la menor vigilancia que desde Estados Unidos se daba antes de los 90’s.
Sin embargo, en tiempos más recientes, esta actividad ilegal se ha venido sofisticando y entrando a las redes de grupos con mayor organización.
Para darnos una idea, en el año 2021, el número de vinculaciones a proceso por este delito incrementó hasta un 37% en el estado de Tamaulipas, comparado con años anteriores.
De acuerdo a los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), el 2021 fue un año récord en cuestión del número de personas procesadas por este delito en Tamaulipas.
Este 12 de enero, publicaba la periodista Shalma Castillo que:
[…] Con base al oficio FGR/UTAG/DG/005948/2021 de respuesta a solicitud de información, los sistemas institucionales de la Fiscalía General de la República informaron que en Tamaulipas procesaron a ocho personas por tráfico de personas y/o migrantes en el 2016; seis en el 2017; 12 en 2018; dos el 2020 y 73 en el 2021.
Por otra parte, dicha información también establece que en los archivos de la FGR permanecen dos carpetas de investigación en trámite por este delito que corresponden al 2016; ocho en el año 2017, cuatro en 2018, seis en 2019, dos en 2020 y 31 en 2021.
La Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, publicó el informe de la organización Hispanics in Philanthropy (HIP), el cual señala que este delito aumentó en el país en 32.5% en los últimos cinco años, sin políticas públicas para encararlo.
La región que preocupa a ésta y otras organizaciones que luchan para erradicar este delito, es el norte de México, el cual incluye a Tamaulipas por ser una de las zonas territoriales más dinámicas debido a su frontera con Estados Unidos y las políticas migratorias, por lo que converge un vínculo estrecho entre el tráfico de personas, migrantes y la trata.
“Debido a la presencia de movimientos migratorios internos e internacionales es que se considera una zona para la trata de personas interna e internacional. El trayecto férreo que transita por el país hacía la frontera norte, y que a su vez ha permitido mapear rutas de tráfico de personas, lleva a varias OSCs con presencia en la zona a detectar situaciones de trata en los flujos migratorios”.
En este caso la FGR informó que las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de cada una de las entidades federativas del país, también podrían contener datos sobre este tema, sin embargo la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que “no es de su competencia, dado a que el tema se encuentra en la Ley de Migración de la jurisdicción federal”.
