AGENCIAS. La polémica sobre la responsabilidad política del colapso de la Línea 12 del Metro capitalino tomó un nuevo aliento este 31 de mayo, con la publicación en el diario El País de los peritajes independientes contratados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los cuales determinaron la falta de mantenimiento como una de las causas del colapso del tramo elevado, en el que fallecieron 26 personas en la noche del 3 de mayo de 2021.
La empresa noruega DNV, también contratada por el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum Pardo, ya había llegado la misma conclusión en el tercer informe que entregó en diciembre pasado, pero fue rechazado por la administración y su titular, bajo el argumento de que el documento tenía un sesgo político.
El colapso de la Línea 12 tiene un papel central en la competencia interna en Morena para definir quién sucederá a Andrés Manuel López Obrador, y es el terreno de una batalla entre los principales contendientes: Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
Así, mientras el grupo de Sheinbaum imputa la responsabilidad del colapso a la pésima construcción de la obra emblemática de la administración capitalina de Ebrard –hecho en el que coinciden todos los informes técnicos–, los integrantes del proyecto presidencial del canciller sostienen que el accidente pudo evitarse con una supervisión y un mantenimiento adecuados.
El tercer informe de DNV exhibió esa fractura en el seno del partido presidencial: determinó que tres de los cuatro factores de “causa raíz” del accidente eran imputables a la mala construcción –en ese tramo, las obras estuvieron a cargo de la constructora CICSA, del magnate Carlos Slim Helú–, pero señalaba que la deficiente supervisión por la administración actual no permitió detectar a tiempo el riesgo de colapso.
La propia Sheinbaum criticó de manera vehemente el informe, pues afirmó que la cuarta causa-raíz –la que apunta a la responsabilidad de su administración– había sido sembrada para dañar a su gobierno; altos funcionarios capitalinos insistieron en declaraciones públicas que el viaducto se derrumbó en apenas 8 años debido a la mala construcción, y que ningún mantenimiento podía evitarlo.
El reportaje que publicó hoy la periodista Georgina Zerega en El País muestra que otros cuatro peritajes independientes contratados por la FGJCDMX en octubre pasado también observaron fallas en la construcción y la falta de supervisión de la estructura previo al colapso, lo cual echa abajo la acusación de Sheinbaum respecto a la presunta parcialidad de DNV.
Hasta el momento, la FGJCDMX ha imputado a 10 exfuncionarios de la administración de Ebrard –uno ellos, Moisés Guerrero Ponce, recibió dinero de la Cancillería vía outsourcing–, y negoció con la empresa constructora de Slim para no llevarla ante la justicia, a pesar de las deficiencias probadas en la colocación de pernos, entre otros.
