- La mandataria Dina Boluarte dice que son los extranjeros quienes a diario comenten “asaltos, robos y demás actos delincuenciales”. Busca mantener «control» con apoyo de las Fuerzas Armadas.
AGENCIAS. Son los migrantes, los extranjeros que arriban al Perú los que cometen delitos, según afirmó la presidenta de ese país, Dina Boluarte, en una rueda de prensa.
Por eso es que el Gobierno declaró este miércoles el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros» en el país.
La mandataria responsabilizó, sin matices, a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país. Dice que son ellos los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.
«Ustedes mismos son los que transmiten todos los días (…) que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros, por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración (…) han entrado 800,000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos», dijo Boluarte.
CULPA A KUCZYNSKI
En su encuentro con los medios, Boluarte aseguró que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con mandato entre 2016 y 2018, «permitió el ingreso libre por el norte de Perú» a los migrantes y, según sus datos, en ese tiempo entraron los 800,000 venezolanos y «otros tantos haitianos» a los que responsabilizó de la criminalidad sin hacer distinciones.
«Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana», subrayó la mandataria peruana.
Informó que su Gobierno declaró el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros» en el país.
Igualmente anunció que se “ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna», en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.
- PRESIÓN Y MANO DURA CONTRA MIGRANTES
El decreto supremo supone “la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población».
La mandataria agregó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el «control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas».
La presidenta anunció, sin embargo, que el Ejecutivo planteará al Congreso una «reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera».
Esto implicaría la modificación del artículo 165 de la Constitución, “para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras», insistió la jefa de Estado.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el objetivo de la declaratoria de emergencia en las zonas fronterizas es «evitar el ingreso de manera irregular e ilegal» al territorio nacional.
Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
- REGULARIZACIÓN, PERO NO PARA TODOS
Las medidas fueron acordadas este miércoles durante el Consejo de Ministros, en el que también se aprobó un decreto supremo que modifica el reglamento de migraciones «para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización».
«Esto permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular», indicó Boluarte.
Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a que la Superintendencia Nacional de Migraciones exonere de multas a los extranjeros que regularicen su situación migratoria en el país.
La presidenta aclaró que esta medida se aplicará únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular.
Alertó, sin embargo, que la amnistía «solo tiene un periodo de seis meses» y que el Gobierno «no será tolerante con mayor ampliación de este plazo».
