CIUDAD VICTORIA, TAMPS. En sesión celebrada por la noche del 30 de octubre de este año, subió a la tribuna del Congreso del Estado, la Dip. Eva Aracely Reyes, de la fracción parlamentaria de Morena, a proponer el Punto de Acuerdo para hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, las ilegalidades en las que incurrieron, la Lic. Adriana Yolanda Vega Marroquín, Jueza Octava de Distrito, y los Magistrados Osbaldo López García y Carlos Gutiérrez López, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, al conceder la suspensión provisional contra el Decreto número 65-883 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
En ese punto de acuerdo, la diputada puso a discusión presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los juzgadores referidos al advertirse que en el juicio de amparo 1122/2024 se otorgó la suspensión por la jueza aludida trasgrediendo el artículo 128 de la Ley de Amparo al afectar el interés social y disposiciones de órden público; toda vez que el decreto impugnado tiene como objetivo garantizar a la sociedad un servicio más eficiente de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Contra esa ilegalidad, precisó que el Congreso del Estado interpuso un recurso de queja que se radicó con el número 178/2024 en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que confirmó la suspensión, con los votos a favor de los Magistrados Osbaldo López García y Carlos Gutiérrez López, quienes actuaron de manera sospechosa, sin estudiar los agravios que se hicieron valer y sin justificación jurídica; en esa queja votó en contra el Lic. Édgar Favela Medina, Secretario del Tribunal en funciones de Magistrado, quien les hizo ver lo improcedente de su decisión.
La diputada evidenció la negligencia con la que actuaron los juzgadores federales al inadvertir que de manera previa, el Ayuntamiento de Reynosa promovió una controversia constitucional que fue radicada como expediente 275/2024 en la que el Ministro Instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá negó la suspensión, al señalar que esa medida cautelar no procedía contra normas generales y no era procedente paralizar los efectos de la norma como lo pretendían.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por 26 votos a favor el Punto de Acuerdo sometido a los representantes de la voluntad popular; los votos fueron emitidos por integrantes del grupo parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano.
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