Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx
ALTAMIRA, TAMPS. Luego de una acalorada discusión y votación en el Cabildo sobre la Ley de Ingresos 2025, en la cual se evidenció el desacuerdo de regidores y síndicos de Morena, además de los partidos de oposición, se aprobó la propuesta por mayoría. Sin embargo, esta situación anticipa los retos que enfrentará el gobierno de Armando Martínez en la modificación del Plan de Obra del ejercicio fiscal 2024, pues dicho plan requiere el respaldo de al menos dos terceras partes del Cabildo, una condición distinta y más exigente que la de la Ley de Ingresos.
Por lo cual, esto obligaría legalmente al alcalde a forjar alianzas dentro del Cabildo para cumplir con las normas del artículo 51 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que en su fracción XIV, inciso b, numeral 10, señala la obligación de contar con dos terceras partes para aprobar programas de obra pública, adquisiciones y arrendamientos. De no lograrse, el plan de obra en su reajuste del ejercicio fiscal 2024 corre el riesgo de caer en subejercicio, afectando la ejecución de proyectos importantes para Altamira, y en desacato a la ley.
Un abogado especializado en administración pública explicó que la diferencia en los requisitos de aprobación entre la Ley de Ingresos y el Plan de Obra radica en el tipo de decisiones administrativas.
“Mientras la Ley de Ingresos se rige por una mayoría simple, el plan de obra exige una mayoría calificada debido a la naturaleza de las inversiones de infraestructura, las cuales tienen un impacto duradero en los recursos municipales”, detalló el experto.
Además, precisa que esta distinción, asegura que las decisiones sobre proyectos de infraestructura sean lo suficientemente consensuadas para garantizar su viabilidad y efectividad a largo plazo.
La administración de Armando Martínez, que ya enfrentó en su periodo anterior practicas de reajustes del Plan de Obra, se efectuaron sin mayores contratiempos porque tenía un petit comité contento, pero caso contrario radica actualmente, se encuentra ante el reto de alcanzar los votos de entre 15 y 16 miembros del Cabildo, asegurando así los recursos necesarios y evitando demoras en los procesos de contratación y ejecución.
“Sin este consenso, la administración pública queda limitada en su capacidad de ejecución y, en el peor de los casos, el municipio sufre el impacto de una gobernanza incompleta”, agregó el experto.
Por lo cual, en el escenario actual, un cónclave convocado por Armando Martínez será un punto decisivo para la gobernanza en Altamira. Ya que, de no lograrse un acuerdo con los regidores para obtener el respaldo necesario, se anticipan obstáculos de gran impacto para la implementación de los proyectos en el Plan de Obra 2024 pendientes por avalar.
Derivado al suceso de la votación sobre la Ley de Ingresos 2025, caracterizada por tensiones y desacuerdos, resalta la división en el Cabildo y la necesidad de fortalecer el diálogo y la negociación entre los miembros del gobierno local.
Por último, un asesor legal en temas municipales indicó que los regidores de Altamira están comenzando a asumir un papel más activo y vigilante en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Esta postura de los regidores -que demandan transparencia y respeto a las normas legales establecidas- podría sentar un precedente en la forma en que se gestionan los proyectos de infraestructura en la localidad. El Plan de Obra Municipal, en este sentido, es un reflejo del estado de derecho en la administración pública, y su correcta aprobación y ejecución será una prueba del compromiso de la actual administración con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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