CIUDAD DE MÉXICO. Con el firme compromiso de enfrentar la crisis de desapariciones en el país, el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal presentó en la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a no desaparecer y a ser buscado como una garantía constitucional.
“Sin una búsqueda efectiva, la ausencia se vuelve definitiva y la impunidad se normaliza. Por eso, el derecho a ser buscado debe estar en nuestra Constitución”, expresó Canturosas Villarreal durante su intervención.
El legislador destacó que esta propuesta es también un acto de justicia para las miles de familias que viven la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos. En especial, reconoció la lucha de las madres buscadoras, mujeres valientes que, con fuerza y dignidad, han hecho visible una realidad dolorosa.
“Esta iniciativa es un homenaje a todas esas madres que no se rinden. Su lucha es por amor, por justicia y por verdad”, afirmó.
Carlos Canturosas, planteó modificar el artículo 1 de la Constitución para establecer que toda persona tiene derecho a no ser desaparecida y que el Estado tiene la obligación de garantizar su búsqueda. Asimismo, se busca reformar el artículo 20, apartado C, para reconocer que las personas desaparecidas tendrán derecho a ser buscadas de forma inmediata, exhaustiva e imparcial, y que las familias participen activamente en los protocolos de búsqueda durante todas las etapas del proceso.
Con esta iniciativa se da continuidad a los esfuerzos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desaparición forzada, se pretende consolidar en la Constitución una respuesta efectiva y con perspectiva de derechos humanos ante una de las problemáticas más urgentes del país.
El diputado federal, reiteró que esta propuesta refuerza el compromiso con la seguridad, la justicia y el bienestar de todos los tamaulipecos y mexicanos, subrayando que el derecho a no desaparecer y el derecho a ser buscado deben estar claramente reconocidos en la Constitución como una obligación ineludible del Estado.
