Por Julio Manuel Loya Guzmán.
REYNOSA, TAMPS. El diputado local Byron Cavazos Tapia celebró la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien, desde esta ciudad fronteriza, planteó establecer la figura de revocación de mandato para las personas juzgadoras electas, como parte de la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo federal.
El legislador reynosense, y líder del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, recibió junto con un grupo de obreras y obreros a la llamada “Ministra del Pueblo”, y la acompañaron durante el Conversatorio impulsado por SIAMARM, y realizado en el Centro de Convenciones de Reynosa.
Cavazos Tapia, indicó que la propuesta de Lenia Batres, sobre la importancia de que el nuevo sistema judicial opere bajo una estricta vigilancia ciudadana, sin lugar a dudas, será avalada por el Congreso de la Unión, y por los 32 congresos locales de la República Mexicana.
Cabe destacar, que el Conversatorio, la Ministra Lenia Batres, hizo un llamado a la población para observar y evaluar el desempeño de las nuevas personas juzgadoras que integrarán el Poder Judicial de la Federación (PJF) a partir del 1 de septiembre.
Pidió además denunciar cualquier mala actuación de manera inmediata ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. “No debemos permitir abusos ni desviaciones del mandato popular”, advirtió.
La ministra propuso que, en caso de que los jueces electos actúen en contra del interés público o vulneren los derechos sociales, se contemple la posibilidad de revocarles el mandato, sin necesidad de esperar al término de su periodo.
“Hagamos de la democracia no una meta, sino un camino permanente, para tener autoridades del tamaño que merece el pueblo de México”, sostuvo. 
maBatres enfatizó que una de las prioridades del renovado PJF debe ser garantizar el acceso a la justicia para quienes enfrentan desigualdad, pobreza o marginación, mediante resoluciones que hagan valer sus derechos sociales.
Asimismo, refrendó su compromiso con una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) austera y congruente, en la que ninguna ministra o funcionario perciba un salario superior al de la presidenta de la República, tal como lo establece la Constitución.
