Por Julio Manuel Loya Guzmán
REYNOSA, TAMPS. Empresarios se alistan ante la inminente entrada en vigor de una reforma clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual incorpora el financiamiento al terrorismo como eje central, elevando el nivel de vigilancia y exigencias regulatorias para el sector privado.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de Reynosa (CANACO), Gildardo López Hinojosa, destacó que esta actualización ocurre en un contexto internacional especialmente sensible, tras la designación de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Especialmente Designados (SDGT) por parte del gobierno de Estados Unidos.
“Las implicaciones para las empresas son inmediatas: congelamiento de activos, mayor escrutinio financiero y cumplimiento reforzado. El reto es mayúsculo”, advirtió López Hinojosa.
Ante este panorama, CANACO Reynosa se suma al llamado de la CONCANACO SERVYTUR para participar en la Jornada Nacional de Actualización en Materia de Reforma a la LFPIORPI, a realizarse el miércoles 23 de julio de 2025, en modalidad híbrida (presencial y virtual).
El acceso será gratuito para empresarios, responsables de cumplimiento, asesores legales, financieros, tecnológicos y autoridades.
Aspectos clave de la reforma:
- Se incorpora el financiamiento al terrorismo como finalidad expresa de la ley.
- Se incluyen nuevas actividades vulnerables, como el uso de activos virtuales y ciertos desarrollos inmobiliarios, con umbrales de vigilancia más estrictos.
- Introducción de figuras como Beneficiario Controlador, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Representante de Cumplimiento, bajo un enfoque basado en riesgo.
- Uso de sistemas automatizados para monitoreo, auditoría y detección de operaciones inusuales.
- Endurecimiento de sanciones y ampliación del periodo de resguardo documental a 10 años.
PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL.
El evento contará con 6 mesas temáticas donde participarán más de 30 expertos nacionales, provenientes de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT, firmas especializadas y organismos empresariales.
Asimismo, se instalará un grupo permanente de trabajo con el Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento, que establecerá criterios técnicos para la correcta aplicación de la legislación secundaria.
“Esta no es solo una reforma técnica, sino un cambio profundo en la forma de operar y prevenir riesgos. Invitamos a todos nuestros afiliados a capacitarse y fortalecer sus controles internos”, puntualizó López Hinojosa.
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