CIUDAD DE MÉXICO. Con el objetivo de combatir de raíz uno de los delitos que más dañan a la ciudadanía, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 456 votos a favor la ‘Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión’, que contempla penas de seis a 15 años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor diario de la UMA, además de 34 agravantes que fortalecerán la lucha contra este ilícito y cerrarán espacios a la impunidad.
El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal respaldó el dictamen impulsado por el Ejecutivo federal y destacó que se trata de una reforma integral que armoniza diversas leyes para garantizar justicia efectiva y protección a las víctimas.
“Esta ley es un paso firme para devolver la tranquilidad a las familias mexicanas. La extorsión no solo afecta el patrimonio, también lastima la paz y la seguridad emocional de las personas. Con esta reforma, damos herramientas reales a las autoridades para castigar a quienes lucran con el miedo y la violencia”, expresó Canturosas Villarreal.
La nueva legislación establece competencias concurrentes entre la Federación y las entidades federativas para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, entendida como la acción de obligar a alguien, sin derecho, a dar, hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
Asimismo, se armonizan el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para asegurar la aplicación uniforme del marco legal.
Entre las agravantes destacan el cobro de derecho de piso, la imposición de precios, la extorsión telefónica o secuestro virtual, las amenazas de muerte o secuestro, los montachoques y el despojo de propiedades. También se sanciona a quienes faciliten o cooperen dolosamente en la comisión del delito, incluyendo a servidores públicos que omitan denunciar o filtren información.
La reforma prevé además que el delito de extorsión amerite prisión preventiva oficiosa cuando se cometa con agravantes, y que los sentenciados no puedan acceder a beneficios de libertad anticipada, salvo en casos de colaboración eficaz.
La ley ordena la creación de un Centro de Atención a Denuncias (089) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dispone el uso de mecanismos de inteligencia e investigación digital para rastrear operaciones en redes sociales, mensajería y plataformas electrónicas.
También establece medidas estrictas en centros penitenciarios, prohibiendo el acceso de personas sentenciadas por extorsión a dispositivos electrónicos y obligando a implementar tecnologías para bloquear señales de telefonía celular.
Canturosas Villarreal reafirmó que el objetivo de esta ley es “cerrar el paso a la impunidad y devolverle a la gente la confianza en sus instituciones”.
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