Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
La inflación anual en torno a 3.6‑3.8% contrasta con aumentos del salario mínimo de alrededor de 12% en 2025, pero la inflación de la canasta básica y el deterioro de servicios públicos hacen que la recuperación salarial sea incompleta para hogares que viven de uno a 3 salarios mínimos.
El efecto conjunto es una mejora nominal importante, pero con un poder adquisitivo frágil y vulnerable a choques de precios en alimentos y a la pérdida de salud y educación públicas de calidad.
En 2025 la inflación general anual se ha ubicado entre 3.6% y 3.8%, dentro o cerca del rango objetivo de Banxico después de varios años de inflación alta.
Sin embargo, la canasta alimentaria urbana crece a tasas similares o ligeramente superiores (3‑4% anual), lo que presiona con más fuerza a los hogares pobres y vulnerables.
La desaparecida CONEVAL reportaba hace 3 meses que el costo de la canasta alimentaria urbana supera los 2,450 pesos mensuales por persona y que su ritmo de aumento ha sido mayor que el de otros bienes menos esenciales.
Esta dinámica significa que, aun con inflación “controlada” en el agregado, el componente de alimentos erosiona de forma desproporcionada el ingreso de los hogares con uno a tres salarios mínimos, que destinan la mayor parte de su gasto a comida y transporte.
Para 2025, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó un incremento de 12% en el salario mínimo: en el resto del país pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, y en la zona libre de la frontera norte de 374.89 a alrededor de 419.8 pesos diarios.
En términos mensuales, esto implica cerca de 8,364 pesos en el resto del país y más de 12,500 pesos en la frontera norte para quienes ganan un salario mínimo completo.
Esta política de aumentos por encima de la inflación ha permitido recuperar parcialmente el poder de compra del salario mínimo respecto a años de rezago acumulado.
No obstante, muchos trabajadores formales e informales con uno a 3 salarios mínimos enfrentan estructuras de precios donde alimentos, transporte y servicios básicos crecen más rápido o con mayor volatilidad que el índice general, lo que limita la mejora real de sus ingresos.
El poder adquisitivo depende no solo del nivel del salario, sino también del costo de la canasta básica y de los servicios públicos disponibles.
Cuando la canasta alimentaria aumenta persistentemente entre 3% y 4% anual, cualquier choque adicional (subidas en electricidad, transporte, vivienda) reduce el margen de maniobra de los hogares que viven al día, aun cuando su salario mínimo suba en términos reales.
En este contexto, los incrementos al salario mínimo tienden a ser absorbidos por la inflación de alimentos, tarifas y servicios privados que sustituyen bienes públicos deteriorados (medicinas, consultas, educación privada o semi‑privada).
El resultado es que el crecimiento salarial anual se ve “neutralizado” por un entorno de precios que castiga más los rubros indispensables para la supervivencia y la movilidad social.
Los datos recientes de líneas de pobreza por ingresos muestran que, aun con mejoría en ingresos laborales, persisten presiones por el encarecimiento de la canasta alimentaria y por el rezago en servicios de salud y educación.
Cuando los sistemas públicos ofrecen menos medicamentos, citas, maestros o infraestructura, los hogares deben destinar una fracción creciente de su ingreso a cubrir de manera privada esos servicios, lo que reduce la parte disponible para alimentos y otros bienes básicos.
Esta combinación genera una pobreza más compleja: los indicadores de ingreso pueden mejorar, pero la pobreza multidimensional (por carencias en salud, educación y seguridad social) se mantiene alta o con avances muy limitados.
En este entorno, la política de recuperación salarial se vuelve insuficiente si no se acompaña de un fortalecimiento sostenido del gasto público en salud y educación y de una política antiinflacionaria focalizada en la canasta básica.
Los programas de transferencias y apoyos de bienestar han elevado el ingreso monetario de muchos hogares, pero su capacidad de compensar el encarecimiento de la canasta básica y la pérdida de servicios públicos es limitada.
Al no estar indexados de forma automática a la inflación de alimentos ni a los costos crecientes de salud y educación privadas, su poder de compra se erosiona con el tiempo, en especial en los deciles de menores ingresos.
México enfrenta un círculo problemático: la inflación “moderada” en el promedio oculta la presión de precios en la canasta básica, los salarios mínimos crecen pero son parcialmente absorbidos por esos aumentos, y el deterioro de salud y educación públicas obliga a los hogares de uno a tres salarios mínimos a gastar más para obtener menos, lo que limita el impacto real de la política de recuperación salarial y vuelve insuficientes los apoyos de bienestar para garantizar una mejora sostenida en el bienestar.
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