CIUDAD DE MÉXICO. El diputado federal Carlos Canturosas informó que recientemente fue aprobada la nueva Ley General de Aguas, así como diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos, corregir vacíos legales históricos y poner fin a prácticas de acaparamiento, discrecionalidad y desigualdad en el acceso al agua.
El legislador explicó que la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, permitió durante décadas una explotación del agua sin regulación suficiente, favoreciendo la concentración privada del recurso y debilitando la capacidad del Estado para garantizar su uso responsable y equitativo.
“Esta reforma no privatiza ni elimina la actividad productiva; la ordena y la regula para que el agua vuelva a ser lo que siempre debió ser: un bien público, un recurso estratégico y un derecho humano, no una mercancía ni un instrumento de acumulación privada”, afirmó Carlos Canturosas.
La reforma reconoce al agua como condición indispensable para la vida, define con claridad las competencias de los tres órdenes de gobierno, frena la sobreexplotación de acuíferos, termina con el mercado negro del agua, obliga a la transparencia de concesiones, establece límites medibles de extracción y exige estudios técnicos para nuevas perforaciones.
Ante la circulación de fake news, datos inexactos y versiones malintencionadas, el diputado subrayó la importancia de aclarar los principales mitos en torno a la reforma:
- Sí hubo participación social. Se realizaron foros nacionales, audiencias públicas y se incorporaron más de 60 cambios a la iniciativa original.
- No se afectan derechos sucesorios ni adquiridos. La ley garantiza continuidad de volúmenes, usos y plazos.
- No se rompe el vínculo tierra-agua. La compraventa de tierras agrícolas conserva el derecho al agua.
- No es una reforma retroactiva. Se respeta plenamente el artículo 14 constitucional.
- Se elimina la negativa ficta. Ahora la autoridad debe responder de forma expresa y fundamentada.
- No se criminaliza el uso agrícola o ganadero del agua; el Art. 49 aclara que agricultura y ganadería pueden coexistir sin considerarse cambio de uso.
- Se fortalecen sanciones contra el acaparamiento, no se flexibilizan.
Asimismo, destacó que la reforma prevé inversiones históricas para la tecnificación del riego, con más de 5 mil 200 millones de pesos asignados en 2025 y un programa que supera los 60 mil millones de pesos.
“Esta ley pone fin a décadas de desorden y privilegios. Le devuelve al Estado la capacidad de planear, proteger y distribuir el agua de manera justa, pensando primero en las comunidades, en el campo, en la soberanía hídrica y en las futuras generaciones”, señaló el diputado.
Carlos Canturosas reiteró que la nueva Ley General de Aguas es una reforma estructural, necesaria y responsable, que coloca al país en una ruta de sustentabilidad, justicia social y seguridad hídrica.
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