CIUDAD DE MEXICO. El Diputado Federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública.
La propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 59, 91 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicospara servidores públicos de los 3 poderes de la unión.
La iniciativa establece que las y los diputados y senadores deberán presentar un examen toxicológico al inicio de cada periodo ordinario de sesiones; que los Secretarios de Estado se sometan a estas pruebas de manera anual; y que las magistradas, magistrados, juezas y jueces federales también sean evaluados durante el tiempo que dure su encargo.
El objetivo central es garantizar que quienes ocupan cargos públicos cuenten con plena capacidad física y mental para el desempeño de sus funciones, así como prevenir riesgos asociados al consumo de sustancias ilícitas que puedan afectar la toma de decisiones y el ejercicio responsable del poder público.
El Diputado Carlos Canturosas subrayó que esta propuesta responde a una exigencia social legítima de contar con servidores públicos íntegros, idóneos y comprometidos con los principios de legalidad, ética y rendición de cuentas.
Además esta iniciativa previene posibles vínculos entre funcionarios y miembros del crimen organizado.
La propuesta contempla disposiciones transitorias para que los Congresos locales armonicen su legislación y amplíen la aplicación de estos exámenes a servidores públicos de los ámbitos estatal y municipal, respetando las competencias de cada orden de gobierno.
Con estas reformas y adiciones, el legislador federal establece con claridad que el servicio público exige condiciones físicas y mentales óptimas, y que su ejercicio debe realizarse con plena conciencia y responsabilidad.
La iniciativa se presenta como una garantía de idoneidad y un acto de responsabilidad institucional, al reafirmar que el país merece el más alto estándar de integridad en la función pública para asegurar que quienes toman decisiones deben hacerlo con la mayor calidad moral.
