Columna Opinión Económica y Política.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
El empleo del sector manufacturero de Tamaulipas, especialmente en la zona norte fronteriza, muestra una tendencia a la baja que golpea a Matamoros, donde la industria maquiladora es el principal motor de trabajo y de exportaciones.
A este deterioro se atribuyen dos grandes factores: por un lado, el impacto de los nuevos aranceles impulsados en el segundo periodo de gobierno de Donald Trump a productos manufacturados en México; por otro, la creciente conflictividad laboral asociada a la actuación de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas.
Trabajadores del sector maquilador y distintas voces del ámbito laboral señalan que la intervención de Prieto en Matamoros habría detonado una cadena de conflictos que derivaron en el cierre de empresas, recortes de personal y salida o reubicación de inversiones, con la pérdida de miles de empleos y un deterioro directo en las condiciones económicas de numerosas familias.
En pronunciamientos que circulan en redes sociales y grupos internos de empleados se le acusa de haber traído “miseria y desgracia” a los trabajadores y de “destruir Matamoros”, al tiempo que se llama a reflexionar sobre las consecuencias de movimientos sindicales que, según sus críticos, priorizan la confrontación sobre la preservación de las fuentes de trabajo.
Los mensajes de inconformes advierten que, de no haberse contenido estas dinámicas, “esto mismo estaría pasando en Reynosa”, evidenciando el temor a un efecto contagio en otras ciudades fronterizas.
El resultado ha sido un clima de incertidumbre para las empresas, alimentado tanto por los mayores costos y riesgos derivados de los aranceles como por la percepción de inestabilidad laboral al interior de las plantas.
Líderes locales y especialistas en temas del trabajo coinciden en que esta combinación ha provocado despidos, reubicación de unidades productivas, freno a nuevas inversiones y una merma en la derrama económica que afecta comercio, servicios y finanzas públicas.
Al mismo tiempo, expertos recuerdan que los movimientos sindicales son una vía legítima para mejorar salarios y condiciones laborales, pero advierten que su diseño táctico debe considerar la sostenibilidad económica, la sensibilidad de la inversión y los riesgos para regiones altamente dependientes de la maquila.
El caso Matamoros reabre así el debate sobre cómo equilibrar la defensa de derechos laborales con la estabilidad económica en la frontera norte.
Hasta ahora, Susana Prieto no ha respondido de manera específica a las acusaciones más recientes, aunque en ocasiones anteriores ha defendido su papel argumentando que su lucha busca justicia salarial y cumplimiento efectivo de la ley en favor de miles de obreros.
PROPUESTAS:
Frente a este panorama, especialistas y actores locales plantean salidas de corto plazo.
1. Entre ellas destacan la creación de una mesa de diálogo tripartita permanente entre gobierno estatal, empresas y sindicatos; estímulos fiscales y administrativos condicionados al mantenimiento del empleo; y un fondo emergente de reconversión laboral para capacitar y apoyar a trabajadores desplazados.
2. También se propone fortalecer la gobernanza sindical con procesos internos más democráticos y responsables, impulsar una transición gradual hacia manufactura de mayor valor agregado y desarrollar una estrategia de comunicación que reduzca la polarización, transparente información clave y permita reconstruir la confianza entre trabajadores, empresas y autoridades.
3. Finalmente, el gobierno estatal y el municipio pueden aprovechar el nuevo Hub Logístico del Norte de Tamaulipas para atraer maquiladoras automotrices mediante paquetes integrales: incentivos fiscales temporales, agilización aduanera y regulatoria, parques industriales especializados con conectividad carretera–ferroviaria, programas de proveeduría local y formación técnica dual.
Una agenda de promoción binacional enfocada en nearshoring consolidaría a Matamoros como nodo competitivo para cadenas automotrices de exportación.
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