Por Enrique Cárdenas Ochoa
#DesdeElCongreso
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. La diputada local del grupo parlamentario de Acción Nacional, Patricia Mireya Saldivar Cano presentó ante el Pleno del Congreso de Tamaulipas una iniciativa legislativa donde plantea, que sea considerado delito que una persona sea ingresada a un centro de rehabilitación o a una unidad de atención de salud mental, sin su autorización expresa, exceptuando únicamente los casos contemplados por la normatividad en materia de salud.
Asimismo, busca que las penas sean más severas cuando esos internamientos se realicen con violencia, engaño, abuso de autoridad o cuando afecten de manera particular a grupos considerados vulnerables, como menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
De aprobarse, la reforma a la Ley de Salud de Tamaulipas, establecería que los tratamientos en unidades dedicadas a la salud mental y adicciones se lleven a cabo, únicamente de forma voluntaria, con consentimiento informado debidamente registrado en la historia clínica de cada persona.
Dicho consentimiento, advierte la iniciativa, debe reconocer la capacidad de discernimiento del paciente y servir como salvaguarda contra prácticas discriminatorias e invasivas.
El documento presentado por la legisladora panista, subraya la prioridad de buscar alternativas comunitarias de atención, en especial para niñas, niños y adolescentes, promoviendo la participación de madres, padres o tutores en la toma de decisiones cuando haya desacuerdos sobre la necesidad de un internamiento.
La iniciativa llega en un contexto donde proliferan centros de rehabilitación irregulares en el estado, muchos de ellos conocidos como “anexos”, en los cuales se han documentado denuncias de abusos, privaciones ilegales de libertad y condiciones de atención indignas para quienes son internados.
Este vacío legal, según la diputada promotora, ha afectado seriamente la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a estos tratamientos, evidenciando la urgencia de un marco jurídico claro y respetuoso de las garantías individuales.
Saldivar Cano subrayó que con estas reformas, el Legislativo estatal, pretende fortalecer la defensa de la libertad personal y la dignidad humana, garantizando que cualquier atención en salud mental o adicciones se realice de manera ética, respetuosa y bajo estrictas condiciones que protejan los derechos de los usuarios. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión en el pleno.
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