Hipódromo Político por Carlos G. Cortés García
- El Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos regula la distribución equitativa de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, obligando a Estados Unidos a entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado y a México a suministrar a Estados Unidos 2,158 millones de metros cúbicos del Río Bravo en ciclos de cinco años. Pero, ¿realmente hay un estudio sobre las afectaciones que deja a Tamaulipas cumplir con este acuerdo que alcanza ya los 80 años de edad? Porque es una realidad que Tamaulipas, y su agricultura, si salen perjudicados con la entrega del vital líquido del Río Bravo. Urge, pues, una revisión del documento y de los acuerdos tomados desde hace más de 80 años.
Cada vez que el Tratado de Aguas México–Estados Unidos de 1944 entra en fase crítica, el discurso oficial se repite: “es un compromiso internacional”. Sin embargo, lo que casi nunca se dice, es quién paga el costo real de cumplir con el acuerdo apunta siempre a Tamaulipas.
En los escritorios de la diplomacia, el Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo histórico. Pero en el campo tamaulipeco, lo que representa el acuerdo es una cuenta regresiva. Mientras Washington exige entregas puntuales y la federación busca evitar fricciones internacionales, los productores del Bajo Río Bravo enfrentan presas con niveles mínimos, ciclos agrícolas recortados y una incertidumbre que no aparece en los comunicados oficiales.
Pero el problema no es solo la sequía. El fondo es la rigidez política con la que se aplica un tratado firmado hace más de 80 años, cuando el cambio climático no existía en la agenda global, cuando la frontera no estaba densamente poblada y la demanda hídrica era otra. Hoy, representa una realidad que el agua escasea, pero las obligaciones permanecen intactas. Y cuando hay que decidir entre cumplir con Estados Unidos o proteger a las regiones productivas, Tamaulipas suele quedar en segundo plano.
Las presas internacionales, particularmente la Presa Falcón, se han convertido en símbolos de esta contradicción. Su función original era regular el río y garantizar desarrollo. Sin embargo, hoy son escenario de decisiones que se toman lejos del territorio afectado, bajo una lógica más diplomática y política que social. Cada extracción para cumplir el tratado se traduce en tensión local, protestas veladas y desgaste político para autoridades estatales y municipales.
Y es que la Comisión Internacional de Límites y Aguas opera con criterios técnicos, pero en un contexto profundamente político. Para el agricultor, la “gestión binacional” se siente como imposición. Para las ciudades fronterizas, como riesgo y para Tamaulipas, como una constante sensación de sacrificio en nombre de una relación bilateral que, rara vez, retribuye de la misma forma.
En este escenario lo que más preocupa es el silencio estructural, en donde Tamaulipas es pieza central del tratado, pero rara vez es voz decisoria en su aplicación: Tamaulipas no define calendarios, no negocia flexibilidades y no encabeza el debate nacional y sólo se limita a absorber el impacto que a su vez afecta a diversos grupos sociales. Así, el estado no solo pierde agua: pierde margen político.
Y en este sentido la discusión no es si México debe cumplir el tratado. Esa salida es irresponsable. La verdadera pregunta es por qué Tamaulipas siempre carga con la factura más alta, sin una estrategia federal clara para compensar, invertir o proteger a las regiones afectadas. No hay un plan integral de tecnificación del riego al ritmo que exige la crisis, ni una defensa firme de los intereses locales en las mesas binacionales.
Lamentablemente, en este tema, el agua se ha convertido en un tema de poder. Y en ese juego, Tamaulipas aparece como territorio estratégico, pero políticamente vulnerable. Si el tratado de 1944 no se interpreta a la luz de la realidad actual, el conflicto podría dejar de ser diplomático para convertirse en un tema social, porque cuando el río ya no alcanza, la paciencia tampoco. Y tarde o temprano, la sequía dejará de ser natural para volverse política.
PD. 1. Un fin de semana intenso y activo, tuvo en Reynosa, el presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera quien, junto a su esposa, Verónica Garza de Prieto y su hijo, Emiliano, en el marco del ‘Día de la Candelaria’, convivió con las familias reynosenses y disfrutó de unos tradicionales tamales del Día de la Candelaria, de este 2 de febrero.
En todos los puntos a donde asistieron el legislador y su familia, los ciudadanos agradecieron el detalle y el tiempo que se dio el diputado para convivir con ellos este lunes.
Entre otras colonias a las que asistió Prieto Herrera, estuvieron Las Nopaleras, Jarachina Norte y Margarita Maza de Juárez. Con acciones como está,
Humberto Prieto Herrera refrendó, una vez más, y con hechos, su compromiso de estar cerca de las familias reynosenses, y cumpliendo con su agenda como diputado y como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas.
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2026
