Columna Económica Especial.
Dr. Jorge A. Lera Mejía
- Especialista en políticas públicas
México llega a la revisión del TMEC en 2026 atrapado entre una ventana histórica de oportunidad productiva y una tormenta geopolítica marcada por guerras regionales, tensiones de seguridad y el uso abiertamente político de los aranceles por parte del gobierno de Donald Trump.
Además, en un año político marcado por reformas estructurales que amenazan la frágil democracia interna.
En este contexto, su margen de maniobra dependerá menos de la retórica y más de la capacidad para articular una estrategia de Estado que vincule comercio, seguridad y desarrollo interno sin ceder la conducción soberana de su política exterior.
El TMEC no “se acaba” en 2026, pero la cláusula de revisión convierte esa fecha en un punto de inflexión: los 3 países pueden extender el acuerdo 16 años más o entrar en un periodo de revisiones anuales hasta 2036, con la amenaza latente de expiración.
La diferencia técnica entre revisión (evaluar y extender) y renegociación (reabrir capítulos y cambiar reglas) se ha difuminado porque Trump ha anunciado que pretende usar la revisión como palanca para endurecer el acuerdo.
Paralelamente, Washington ha vinculado la agenda comercial con la migración y el combate al fentanilo, amenazando con aranceles de hasta 25% a México y Canadá como medida de presión, lo que ha desencadenado una escalada que algunos analistas ya describen como una guerra comercial focalizada 2025‑2026.
Este uso instrumental de los aranceles, más simbólico que económico en su anuncio inicial, se ha convertido en un mecanismo permanente de chantaje, reajustado según los ritmos de la política interna estadounidense y, en particular, de las elecciones intermedias de noviembre.
- NEARSHORING, INVERSIÓN Y REMESAS BAJO TENSIÓN
Paradójicamente, la misma etapa está marcada por un auge de inversión extranjera directa: México registró alrededor de 36 mil millones de dólares de IED en 2023 y alcanzó un récord cercano a 41 mil millones hacia el tercer trimestre de 2025, impulsado sobre todo por nuevos proyectos vinculados al nearshoring.
La reconfiguración de las cadenas globales, el desplazamiento parcial desde China y la cercanía al mercado estadounidense han convertido a México en un nodo clave de la manufactura norteamericana, con potencial para sostener flujos anuales de entre 50 y 60 mil millones de dólares si se consolidan las condiciones internas.
Sin embargo, esta narrativa de éxito enfrenta 3 riesgos: la posible imposición unilateral de aranceles, la transición de un “nearshoring” económico a un “security‑shoring” condicionado a tareas de contención migratoria y antidrogas, y la incipiente desaceleración de remesas ante un entorno global más incierto.
La presión para que México actúe como “muro de contención” –con despliegues adicionales de Guardia Nacional en la frontera y operativos de interdicción– convierte los incentivos comerciales en premios condicionados al alineamiento en materia de seguridad, sin un debate transparente sobre sus costos sociales y políticos.
México llega a la mesa de 2026 con fortalezas estructurales –integración productiva, diversificación de orígenes de IED, juventud demográfica– pero con una diplomacia económica reactiva y fragmentada.
Frente a una Casa Blanca que mezcla amenazas arancelarias, acusaciones de connivencia con el crimen organizado y propuestas de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, la respuesta mexicana ha oscilado entre la denuncia retórica y la negociación caso por caso para “desactivar” cada crisis, como ocurrió con la postergación de aranceles a cambio de mayores despliegues de seguridad.
Esta lógica transaccional erosiona la posición negociadora de México en el TMEC: al aceptar que temas de seguridad se resuelvan mediante concesiones comerciales de corto plazo, se abre la puerta a que la revisión sexenal se convierta en un menú de exigencias unilaterales, más cercano a un “Plan México” de seguridad subordinada que a un proyecto de integración regional equilibrada.
Además, la internalización acrítica de conceptos como “Escudo de América” o el retorno encubierto de una doctrina Monroe reciclada en clave de contención de China y Rusia, tiende a reducir a México a pieza periférica de una arquitectura geopolítica que no define, pero que sí lo condiciona.
Para superar este estado crítico, la primera tarea es politizar de manera inteligente la revisión del TMEC desde México: construir una posición de Estado, consensuada entre Ejecutivo, Congreso, gobiernos estatales y sector privado, que defina líneas rojas (no vincular aranceles con migración o seguridad interna, no aceptar designaciones unilaterales de “terrorismo” que habiliten intervenciones) y prioridades ofensivas (facilitar reglas de origen para nuevas industrias, fortalecer mecanismos de solución de controversias y modernizar capítulos laborales y ambientales con enfoque de desarrollo regional).
- En segundo lugar, México debe aprovechar el nearshoring para robustecer su poder de negociación, no sólo para atraer plantas ensambladoras: vincular nuevos proyectos de IED a compromisos de encadenamientos productivos, transferencia tecnológica y formación de capital humano, de modo que la permanencia de las inversiones no dependa exclusivamente del humor de la Casa Blanca.
Esto implica alinear política industrial, infraestructura logística y política energética con la lógica del TMEC, pero preservando márgenes para diversificar socios (Europa, Asia, América Latina) que reduzcan la vulnerabilidad frente a un solo mercado.
- En tercer lugar, México debería proponer un paquete integral “comercio‑desarrollo‑migración” a Estados Unidos y Canadá, que sustituya la narrativa de castigo por una de corresponsabilidad: inversión conjunta en corredores de desarrollo al sur del país y en Centroamérica, programas laborales temporales regulados, y cooperación verificable contra redes de tráfico de drogas y armas, bajo mecanismos de evaluación compartida y no de imposición unilateral.
Ello permitiría despresurizar el vínculo entre remesas, migración desordenada y precariedad laboral, al tiempo que se ancla la seguridad en políticas sociales y productivas, no sólo en despliegues militares.
Finalmente, de cara a la opinión pública internacional, México necesita reconstruir su narrativa: de “país problema” asociado a la violencia y al fentanilo a socio estratégico que contribuye a la estabilidad económica de Norteamérica, sostiene cadenas de suministro críticas y ofrece soluciones cooperativas a la crisis migratoria.
Transformar esta narrativa en política requiere diplomacia activa, alianzas con actores subnacionales en Estados Unidos (gobernadores, cámaras empresariales, sindicatos) y una agenda interna de Estado de derecho y combate a la impunidad que deje sin fundamento los discursos que buscan justificar intervenciones bajo la etiqueta de lucha contra “grupos terroristas”.
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