Por Julio Manuel Loya Guzmán
REYNOSA, TAMPS. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Reynosa alzó la voz ante la crisis de inseguridad que golpea a esta ciudad fronteriza, y exigió a las autoridades acciones concretas para frenar la violencia, y además exige cuentas claras en el tema de seguridad.
En un pronunciamiento oficial, el organismo empresarial, de entrada lamentó los recientes hechos de violencia que han cobrado vidas inocentes, incluyendo la del ciudadano José de La Luz Martínez Ramírez, víctima de la creciente ola delictiva en la región.
«Estos sucesos nos agravian y nos duelen como sociedad, ya que reflejan una realidad alarmante en nuestra región, que no nos permite sentirnos seguros, ni protegidos.
«A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los resultados no han sido suficientes. Las cifras oficiales no reflejan la realidad que vivimos día a día, donde persiste la sensación de inseguridad», señaló el CCE.
El sector empresarial recordó que, solo en 2024, ha aportado 1,600 millones de pesos anuales a través del 1% del Impuesto Sobre Nómina (ISN), recursos que, en teoría, deberían destinarse exclusivamente al combate a la inseguridad.
Sin embargo, señalaron que dichos recursos no se han traducido en mejoras significativas en equipamiento, mantenimiento ni capacidad operativa de las corporaciones policiales.
«Las carencias en patrullas, tecnología y recursos humanos siguen siendo evidentes. Las solicitudes de apoyo se pierden y no se atienden las necesidades urgentes de la ciudadanía», denunció el organismo.
Ante este panorama, el CCE planteó la creación de un fondo estatal específico y transparente para la seguridad pública, que garantice la distribución de los recursos en proporción a la aportación de cada municipio y a sus necesidades reales en materia de seguridad.
«Es imperativo establecer un mecanismo claro, eficiente y verificable que asegure que estos fondos sean utilizados exclusivamente para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y brindar resultados tangibles a la ciudadanía», subrayó el Consejo.
Finalmente, el CCE reiteró su llamado a las autoridades para que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad.
«El sector empresarial cumple puntualmente con sus contribuciones. Es momento de que las autoridades correspondan con su parte. La seguridad no es un privilegio, es un derecho fundamental», concluyeron.
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