Martín Díaz / La Nube
ALTAMIRA, TAMPS. En medio del escándalo por la descarada descarga ilegal de combustible en un terreno sin autorización dentro de su municipio, el alcalde Armando Martínez Manríquez vuelve a estar en el ojo del huracán. La operación, que implicó a una larga fila de pipas abasteciéndose directamente de un barco atracado en el puerto, evidencia una estructura que difícilmente pudo haber operado sin conocimiento de las autoridades locales.
Fuentes cercanas a la administración portuaria han señalado que el terreno donde se realizaba la maniobra carece de permisos oficiales y no cuenta con infraestructura adecuada. Aun así, el ir y venir de las pipas no era un secreto: cientos de vehículos circulaban en una zona rural sin vigilancia, sin regulación, y con una logística que sugiere una red organizada.
“Esto no es algo que pueda pasar desapercibido para un alcalde que presume tener control sobre su territorio”, declaró un funcionario estatal que pidió el anonimato.
Los señalamientos hacia Martínez Manríquez por presunta complicidad con actividades de huachicoleo no son nuevos. Sin embargo, este hallazgo reciente fortalece las sospechas de que en Altamira, el negocio del combustible robado tiene más protección que los ciudadanos.
¿Ignorancia o encubrimiento? En cualquier caso, la autoridad municipal tiene mucho que explicar… si es que alguna vez decide dar la cara.
