AGENCIAS. Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue expulsado por error a su país, fue repatriado por orden de un juez y posteriormente encarcelado por el gobierno de Donald Trump, que lo acusó sin pruebas de ser un narcoterrorista. Fue liberado este jueves de un centro migratorio de Pensilvania, por orden de una jueza.
La jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, declaró en su orden que, “desde su detención ilegal” en marzo y deportación a El Salvador —donde fue encerrado en la macrocárcel para terroristas y pandilleros de Nayib Bukele—, Ábrego García volvió a ser detenido “sin la debida autorización legal”, pese a que otro juez había ordenado su repatriación y un juicio justo en Estados Unidos en libertad.
Xinis afirmó que la ausencia de una orden de deportación impedía que el Gobierno de Estados Unidos expulsara a Ábrego García, quien se encontraba hasta ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania.
“La conducta de los demandados durante los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como objetivo principal la expulsión, lo que refuerza la conclusión de que Ábrego García no debe permanecer detenido por más tiempo”, señaló la jueza.
- VICTORIA SIMBÓLICA
El fallo de este jueves es una victoria para Ábrego García, quien se ha convertido en un símbolo de las deportaciones injustas de la Administración republicana.
En marzo pasado fue deportado junto con más de 200 venezolanos y algunos salvadoreños a El Salvador y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por la violación de los derechos humanos.
Un juez está investigando el hecho de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, supuestamente permitió el traslado después de que se hubiera emitido una orden judicial para que regresaran los aviones que habían despegado con los migrantes.
Ábrego García fue el primer caso de la campaña de deportaciones iniciada por el Gobierno de Trump en el que la Administración reconoció que su expulsión se debió a un error, ya que se ignoró la protección judicial que tenía para permanecer en EE. UU.
- TENÍA PROTECCIÓN CONTRA DEPORTACIÓN
Ábrego García trabajaba como obrero metalúrgico en Maryland, donde residía con su esposa y 3 hijos hasta que fue detenido el 12 de marzo. Ingresó en Estados Unidos de forma ilegal con 16 años, huyendo de las amenazas de las pandillas salvadoreñas. Un juez le denegó el asilo en 2019, pero le concedió una protección contra la deportación a El Salvador por el riesgo de sufrir represalias.
La Administración Trump lo ha acusado de pertenecer a la banda criminal MS-13 y de integrar una red que introducía migrantes ilegales en Estados Unidos. Con la excepción de 3 días en los que fue puesto en libertad, el salvadoreño ha estado detenido desde que retornó a Estados Unidos en junio pasado.
El Gobierno quería deportarlo a un tercer país. Tras sopesar Uganda y Ghana, la última opción era Liberia. Ábrego García había rechazado la deportación a una lista de 20 países por temor a sufrir persecución y tortura.
La jueza Xinis, en su última audiencia celebrada el mes pasado, recriminó a la defensa del Gobierno que hubieran descartado la opción de Costa Rica, el país que el salvadoreño había aceptado como destino y que garantizaba la protección de sus derechos.
Tras su deportación en marzo, Xinis ordenó su regreso, y también el Tribunal Supremo pidió que se facilitara su vuelta, pero el Gobierno hizo caso omiso. La presión social y política forzó que la Administración retornara a Ábrego García, pero fue detenido nada más pisar territorio estadounidense para enfrentar cargos de tráfico de personas.
- “ACTIVISMO JUDICIAL DESCARADO”
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó duramente la orden de la jueza y prometió oponerse a ella, calificándola de “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada por el presidente Barack Obama.
“Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento.
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