Enrique Jonguitud
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. La erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha convertido en una prioridad central para las autoridades electorales de Tamaulipas, que buscan frenar estas conductas mediante resoluciones firmes y sanciones aplicadas de manera individualizada.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, explicó que la imposición de sanciones no responde a criterios automáticos ni a esquemas rígidos, sino a un análisis jurídico que toma en cuenta las particularidades de cada caso.
Detalló que en este proceso se valoran aspectos como la reincidencia, la gravedad de las conductas, la calidad del sujeto infractor y el contexto en el que se cometieron los hechos denunciados.
Ramos Charre señaló que también se considera la capacidad del infractor, con el fin de que la sanción sea proporcional, efectiva y tenga un impacto real para evitar que se repitan actos similares.
Subrayó que el objetivo de estas determinaciones es proteger los derechos político-electorales y garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y sin violencia en la vida pública.
Afirmó que todas las autoridades, así como los partidos políticos, están obligados a prevenir, combatir y sancionar la violencia política de género como parte del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Cuando se acredita la existencia de este tipo de violencia y la responsabilidad correspondiente, dijo, la actuación de la autoridad electoral deja de ser opcional y se convierte en un deber legal.
Finalmente, hizo un llamado a actores políticos y servidores públicos a conducirse con responsabilidad y cuidado en su actuar cotidiano, para evitar incurrir en conductas que vulneren los derechos de las mujeres.
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