Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
El reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a diciembre de 2025, ofrece una radiografía precisa de las principales percepciones sociales en México, centradas en la confianza institucional y las preocupaciones ciudadanas. Esta medición, incorporada formalmente al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, representa un avance relevante al permitir comparabilidad internacional y un análisis más profundo de la relación entre gobernanza democrática y percepción pública.
Los resultados muestran con claridad que la principal preocupación de los mexicanos es la delincuencia, la violencia y la inseguridad, señalada por el 75.4% de los encuestados. Este dato confirma la persistencia de un problema estructural que impacta directamente en la calidad de vida, la inversión y la cohesión social. En segundo lugar, el 65.4% identifica el aumento de precios, la inflación y el costo de vida como un factor crítico, reflejando los efectos acumulados de presiones económicas internas y externas. En tercer sitio aparece la corrupción, con 46.8%, lo que evidencia una percepción de debilidad institucional y falta de confianza en las autoridades.
Otros problemas relevantes incluyen el empleo y desempleo (35.8%), así como la pobreza, desigualdad social y el acceso a servicios básicos como salud y educación (ambos con 16.4%). Temas emergentes como el cambio climático (9.4%), la vivienda (9.2%) y los riesgos en redes sociales (8.5%) también comienzan a posicionarse en la agenda pública, aunque con menor peso relativo.
En el caso de Tamaulipas, estas percepciones adquieren matices particulares. La inseguridad continúa siendo el eje central de preocupación, especialmente en regiones fronterizas y corredores logísticos donde la actividad delictiva impacta la movilidad, el comercio y la vida cotidiana. La percepción de riesgo, aunque ha mostrado variaciones en los últimos años, sigue siendo un factor determinante en la confianza ciudadana.
En materia económica, el aumento del costo de vida tiene un efecto diferenciado en Tamaulipas debido a su dinámica fronteriza y dependencia del comercio exterior. La inflación en productos básicos, así como en servicios energéticos y transporte, afecta de manera directa a los hogares, particularmente en zonas urbanas como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.
La corrupción, por su parte, mantiene una presencia significativa en la percepción ciudadana estatal, asociada principalmente a trámites administrativos, servicios públicos y cuerpos de seguridad.
Asimismo, el empleo presenta retos importantes, especialmente en términos de informalidad y calidad laboral, a pesar del dinamismo industrial en ciertas regiones.
Ante este panorama, es necesario plantear propuestas que funcionen como amortiguadores de estas percepciones, tanto a nivel nacional como estatal. En primer lugar, en materia de seguridad, se requiere fortalecer los modelos de proximidad policial, inteligencia territorial y coordinación interinstitucional. La inversión en tecnología, capacitación y evaluación de cuerpos de seguridad puede contribuir a mejorar la percepción y la efectividad.
En el ámbito económico, es fundamental implementar políticas de contención inflacionaria focalizadas, así como programas de apoyo directo a los sectores más vulnerables. A nivel estatal, incentivar cadenas de valor regionales y fortalecer el mercado interno puede reducir la dependencia externa y mitigar impactos inflacionarios.
Para combatir la corrupción, se deben consolidar mecanismos de transparencia digital, simplificación administrativa y participación ciudadana. La trazabilidad de trámites y el uso de plataformas abiertas pueden reducir espacios de discrecionalidad.
En cuanto al empleo, es clave promover la formalización laboral, el desarrollo de habilidades y la vinculación entre sectores productivos y educativos. En Tamaulipas, esto implica potenciar sectores estratégicos como la manufactura avanzada, logística y energía.
Finalmente, mejorar la calidad y acceso a servicios básicos requiere una inversión sostenida en infraestructura social, especialmente en salud y educación, así como esquemas de evaluación continua que garanticen resultados medibles.
- Las universidades públicas como la UAT tienen un rol estratégico para enfrentar las principales preocupaciones ciudadanas: inseguridad, deterioro económico y corrupción.
A través de su responsabilidad social, pueden formar ciudadanía crítica, profesionalizar cuerpos de seguridad y servidores públicos, y generar evidencia para políticas basadas en datos.
La UAT, en particular, al ser el principal centro de educación superior de Tamaulipas, está llamada a liderar proyectos de investigación aplicada en seguridad, desarrollo regional y cohesión social, así como programas de extensión que acerquen cultura de legalidad y prevención de la violencia a comunidades vulnerables.
Además, mediante incubadoras de negocios y vinculación productiva, puede contribuir a mitigar el desempleo y fortalecer el ingreso de los jóvenes, reduciendo así condiciones que alimentan la percepción de riesgo e incertidumbre.
En conjunto, estas acciones no solo atenderían los problemas estructurales, sino que contribuirían a reconstruir la confianza ciudadana, elemento central para la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible.
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