Columna Opinión Económica y Ecológica.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
El manejo del agua se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos de la política pública en México, y Tamaulipas aparece hoy como un estado privilegiado por su disponibilidad relativa del recurso, pero también por el impulso coordinado de proyectos de infraestructura y de cultura hídrica con impacto federal, estatal y municipal.
En este contexto, los proyectos que convergen en la zona centro y sur —como la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero–Ciudad Victoria y el saneamiento y desazolve de la laguna de Champayán en Altamira— se han convertido en referentes de una nueva etapa de inversión histórica en infraestructura hídrica en la entidad.
En el plano federal, la Comisión Nacional del Agua ha incorporado a Tamaulipas dentro de un paquete de proyectos estratégicos de agua que buscan garantizar el abasto para la población, tecnificar el riego agrícola y mejorar la eficiencia en conducción, tratamiento y reúso de aguas.
Estas acciones se traducen en montos de inversión sin precedentes, que superan varios miles de millones de pesos a nivel estatal, orientados tanto a infraestructura de abastecimiento urbano como a modernización de distritos de riego y saneamiento.
Para el gobierno mexicano, el caso tamaulipeco ejemplifica cómo combinar obras duras (acueductos, canales, plantas) con programas de cultura del agua para asegurar sostenibilidad social y ambiental del recurso.
A nivel estatal, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha sido reconocido por mantener indicadores de disponibilidad de agua superiores al promedio de otros estados del norte y centro del país, lo que se refleja en su clasificación “en verde” según datos oficiales de CONAGUA. Sin embargo, esta condición de privilegio se enfrenta a la presión de la demanda urbana, industrial y agrícola, así como a fenómenos de sequía recurrente, que han obligado al gobierno estatal a acelerar una cartera de proyectos entre 2025 y 2027 con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos para fortalecer su infraestructura hídrica.
Entre los proyectos estratégicos destacan la atención al sistema lagunario del sur del estado, el retorno de aguas residuales tratadas desde Monterrey hacia la presa Marte R. Gómez y, de manera emblemática, la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero–Ciudad Victoria.
El acueducto Vicente Guerrero–Ciudad Victoria representa una obra histórica para la capital, al retomarse su ampliación después de más de tres décadas, con una segunda línea que avanza de forma sostenida y que se estima podrá aportar del orden de 750 litros por segundo adicionales para garantizar la continuidad del servicio a la población victorense.
La inversión asociada a esta infraestructura se aproxima a los 1,800 millones de pesos, lo que da cuenta de la prioridad que los gobiernos federal y estatal han otorgado a la seguridad hídrica de Ciudad Victoria.
Esta obra no solo responde a un problema local de abasto, sino que se alinea con la planeación hídrica de la región Golfo Norte, que busca optimizar el uso de presas y cuencas compartidas en el noreste del país.
En el ámbito municipal, Altamira se ha colocado como caso paradigmático con el Programa de Saneamiento y Recuperación del Sistema Lagunario Champayán impulsado por el gobierno del alcalde Armando Martínez Manríquez.
El desazolve de la laguna de Champayán ha permitido retirar alrededor de 650 mil metros cúbicos de azolve, mejorando el tirante de agua, incrementando su capacidad de captación y asegurando a futuro el suministro del recurso para la población altamirense.
Paralelamente, se ha avanzado en el rescate de ex lagunas de oxidación, la operación de cárcamos para desviar aguas negras hacia sistemas de tratamiento y el proyecto de reconversión de estas áreas en espacios verdes, recreativos y deportivos, con beneficios ecológicos y urbanos para toda la ciudad. Además se encuentra en desarrollo la instalación de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Altamira y la remodelación de la vieja planta de tratamiento de Villa Cuauhtémoc.
La política de cultura del agua constituye el componente articulador entre el esfuerzo de infraestructura y la conducta social frente al recurso.
El programa federalizado de cultura del agua, operado en coordinación con dependencias estatales y organismos municipales, busca generar conciencia sobre el carácter limitado, vital y económicamente valioso del agua mediante campañas de sensibilización, eventos escolares, actividades deportivas y difusión en espacios públicos. Su objetivo es promover el uso racional, el pago responsable por los servicios, la adopción de tecnologías ahorradoras y la valoración ambiental de cuencas, lagunas y humedales, con énfasis en las nuevas generaciones.
En este escenario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, ha asumido un papel central como aliado académico de la política hídrica estatal, impulsando una cultura del agua basada en ciencia, educación y vinculación social.
La UAT participa en la organización de foros y simposios sobre conservación de humedales y ecosistemas acuáticos, desarrolla investigación aplicada sobre recursos hídricos y saneamiento, y contribuye a la formación de profesionales que se incorporan a las dependencias responsables de la gestión del agua en la entidad.
De esta manera, la universidad refuerza su vocación social al acompañar proyectos como el rescate del sistema lagunario Champayán, la protección de humedales costeros y la difusión de buenas prácticas de uso y cuidado del agua entre comunidades escolares y ciudadanía en general.
En conjunto, la convergencia de inversiones federales estratégicas, decisiones estatales de largo plazo e iniciativas municipales como las de Altamira, con el respaldo técnico y formativo de la UAT, configura un proyecto insignia de recursos hídricos en Tamaulipas que trasciende fronteras administrativas.
Este entramado de acciones orientadas al abasto, saneamiento, reúso y educación hídrica no solo fortalece la seguridad del agua para las familias tamaulipecas, sino que también posiciona a la entidad como laboratorio nacional de políticas integrales de gestión del recurso, con especial relevancia para la región sur y la zona conurbada de Altamira.
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