- La Comisión acreditó que un perito responsable de la FGR sea el responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas
AGENCIAS. Por la muerte de cinco personas en manos de elementos del Ejército, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
En un comunicado el organismo precisó que el pasado 18 de mayo, las cinco personas fueron interceptadas a bordo de un vehículo por cuatro elementos de la Sedena en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de mayo de 2023, quienes fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego.
El 6 de junio de 2023, la Comisión Nacional tuvo conocimiento de notas periodísticas que referían que el 18 de mayo de 2023, elementos del Ejército mexicano reportaron que cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin embargo, en una videograbación se mostró otra sucesión de hechos, por lo que se inició la queja de oficio con el objetivo de indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos de la Sedena.
Con los elementos recabados, la CNDH acreditó que un perito responsable de la FGR, responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas, concluyó que existía correlación entre los hechos narrados en el Informe Policial Homologado, suscrito por un oficial del Ejército Mexicano, y las lesiones descritas por las documentales médicas, lo que resultó falso, y con tal acción se entorpeció el curso legal de la carpeta de investigación y por lo tanto, el acceso a la justicia para las víctimas directas y las indirectas que forman parte de sus núcleos familiares.
También el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra acreditó que las personas servidoras públicas responsables, dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias al no ceñirse a los principios constitucionales y legales que rigen su actuar, y considera que con sus acciones afectaron a la sociedad en su conjunto, pues vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida, por el uso excesivo de la fuerza, pues se observó que las víctimas se encontraban esposadas y totalmente sometidas y sin armas a su alcance.
Asimismo, la CNDH pudo concluir que en ese caso ha existido una inadecuada procuración de justicia en la investigación del delito cometido, lo que ha ocasionado la vulneración del derecho a una investigación efectiva y exhaustiva por parte de la autoridad ministerial, lo cual contribuye a la impunidad.
Por ello, la Comisión Nacional solicitó a la Sedena que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las cinco víctimas y sus correspondientes núcleos familiares, en especial a los descendientes que se acrediten y se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que necesiten, las cuales se les deberá brindar por personal especializado ajeno a la Sedena, de manera gratuita, de forma continua y atendiendo a las condiciones específicas de las victimas indirectas.
La Sedena deberá colaborar ampliamente en la integración de la carpeta de investigación en curso en la FGR, y en la causa penal que se tramita en el fuero militar, ambas en contra de las personas servidoras públicas señaladas como participantes en los hechos; y deberá colaborar ampliamente en el trámite y seguimiento del procedimiento administrativo y de disciplina militar que se inicie ante el Órgano Interno de Control de la Sedena, con motivo de la denuncia administrativa que formulará la CNDH.
Por su parte, la FGR deberá colaborar en el seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH presente contra del perito oficial señalado por las acciones y omisiones en que incurrió en el ámbito de su responsabilidad, para el desahogo de la investigación, y que se inicie el procedimiento judicial que corresponda para que se investigue y sancione conforme a derecho proceda.
Además, deberá proceder para que el Órgano Interno de Control de la FGR deslinde las responsabilidades y sanciones administrativas del caso, y deberá diseñar e impartir un curso integral en materia de derechos humanos, dirigido a los peritos en funciones en las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo, que incluya al perito oficial involucrado, el cual deberá estar enfocado en la importancia que tiene la elaboración y emisión de mecánicas de lesiones como parte de los procedimientos de integración de carpetas de investigación, y que deberá ser efectivo para evitar la repetición de hechos similares.
