- Pobreza. Términos Generales.
De acuerdo con el CONEVAL entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 43.9%, lo cual representa un aumento de 3.8 millones de personas. En particular, la incidencia de pobreza entre menores de 18 años es la más alta (52.6%).
La población en situación de extrema pobreza pasó de 7% a 8.5%, lo cual representa un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas (2.1 millones más).
- Seguridad Social: un indicador para medir la pobreza multidimensional.
La seguridad social definida como los diversos mecanismos para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo representa una problemática vigente relacionada con el trabajo formal.
De los 75 millones de personas considerados como población productiva, únicamente 9 millones cuentan con trabajos que cumplen con las condiciones mínimas del trabajo formal-decente; 35.3 millones de personas tienen trabajos precarios y 24.6 millones de personas están excluidas de cualquier tipo de trabajo formal-decente con beneficios laborales .
Es evidente que el deterioro laboral es resultado de una acumulación histórica. También es de reconocer esfuerzos como el alza del salario mínimo y de algunos programas sociales que intentan tapar los hoyos que se han abierto a lo largo del tiempo. Pero es urgente e indispensable contar con un nuevo modelo que provoque la no exclusión de la población, del acceso a la seguridad social en relación con el derecho al trabajo.
Es fundamental pensar en separar la salud de las prestaciones laborales. El derecho a la salud es un derecho humano que debe de ofrecerse sin condición alguna y de manera universal; de otra forma la pobreza estructural no corregirá su derrotero y estaremos condenados a vivir en una situación de pobreza permanente.
- Salud y Nutrición.
Entre 2018 y 2020, la carencia por acceso a los servicios de salud presentó un incremento de 16.2% a 28.2%. Este cambio representa un incremento de 15.6 millones de personas al pasar de 20.1 a 35.7 millones. (No es atribuible a la Secretaría de Bienestar, sin embargo, contribuye a aumentar la situación de vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales y es responsabilidad del Gobierno)
El porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad aumentó de 22.2% a 22.5% entre 2018 y 2020, lo cual representa 1 millón de personas más que en 2018.
- Programas sin reglas de operación.
Como hemos visto ha existido una expansión importante en aquellos programas de apoyo para diferentes sectores sociales. Sin embargo, como también ya hemos visto existe un notable aumento en la población en situación de pobreza.
Ante lo mencionado vimos con preocupación que en el PEF 2020, la mayor parte del gasto (64%) de subsidios y transferencias se dirigían a programas que no contaban con reglas de operación, manteniendo abierta la puerta para la opacidad, discrecionalidad y corrupción.
Celebramos entonces que para el PEF 2021, se aumentara el presupuesto a los programas que sí contaban con reglas de operación. Pero, programas como Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente presenta deficiencias en su diseño, originadas principalmente, dice el Coneval, en la identificación parcial del problema a atender , señalando que en 2019, sólo cubrió al 14.1% de su población objetivo y en 2021 contó con un aumento de 5.4% (788 millones) en su presupuesto para los 934 mil 895 personas que resultan beneficiadas por dicho programa.
La pobreza en México ha aumentado –como hemos visto– a consecuencia de la pandemia por COVID-19, profundizando los desafíos en diversas materias, señalando como principales el acceso a la salud, educación, alimentación y empleos que permitan obtener ingresos dignos.
Ante esta desafiante realidad que enfrentó México y el mundo, así como todo el desafío que implicó responder a la pandemia de COVI-19, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el aumento presupuestal en materia de bienestar tiene un aumento considerable que saludamos.
- Medio Ambiente y Cambio Climático.
El cambio climático es una realidad innegable que afecta cada vez con mayor potencia a un número mayor de personas a lo largo y ancho de la República. Desastres naturales se traducen en pérdida de vidas y patrimonios, por lo que resulta urgente y de vital importancia, concretar las acciones necesarias desde todos los sectores sociales, bajo una política pública de visión amplia y profunda para enfrentar esta problemática.
El programa Sembrando Vida resulta enteramente insuficiente, pues, aunque el objetivo de reforestar y apoyar a su vez a sectores rurales desprotegidos y de mayor pobreza con 418 mil 265 empleos es plausible, sectores de ecologistas han criticado duramente a este programa, pues ha implicado la destrucción de amplio territorio de selva.
El Gobierno reporta poco más de 1 millón de árboles sembrados, pero diversas organizaciones han denunciado que muchos propietarios derriban selva húmeda para poder reforestar con árboles económicamente más rentables ajenos al lugar, vulnerando incluso áreas protegidas como la reserva de la biosfera en Calakmul, provocando la mayor deforestación ocurrida en los últimos 20 años. Por cierto, producto de la Pandemia, el monitoreo ha disminuido.
El World Resources Institute (WRI) señala que “Sembrando Vida” ha implicado la deforestación de alrededor de 73 mil hectáreas. La WRI alerta que de acuerdo con los criterios del programa, pareciera que existe más un uso clientelar para ampliar el apoyo al Tren Maya .
Es por ello que claramente la agenda de medio ambiente del Gobierno es prácticamente inexistente, a pesar de que cada año los estragos por el cambio climático son mayores y de la misma manera, México no podrá cumplir con sus compromisos en la materia, establecidos en diferentes instrumentos internacionales.
- Uso electoral de programas sociales.
Por último, existen denuncias sobre el uso clientelar y electoral de los programas sociales de este Gobierno a pesar de que dicha actividad irregular se elevó a jerarquía constitucional y se ha tipificado como delito de prisión preventiva oficiosa como un delito grave.
Es evidente que la estructura de los Servidores de la Nación fue usada para operar política y electoralmente a favor del Gobierno y el partido mayoritario en las elecciones y en el manejo de la vacuna incluso existen sanciones como la impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, por los llamados “diezmos millonarios” y que implicaron “descuentos voluntarios” a trabajadores del municipio de Texcoco.
