COMENTARIO EDITORIAL Por Dr. Jorge A. Lera Mejía
A raíz de las propuestas del gobierno llamado de la Cuarta Transformación (4T), desde diciembre del 2018, se ha venido perfilando en México, una especie de nuevo modelo político de desarrollo.
Revisando las piezas fundamentales del discurso y narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera en efecto que se plantea una nueva forma de abordaje del programa de gobierno, basado principalmente en los siguientes criterios:
El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, registrado en la plataforma electoral propone: «una nueva visión del país, a través de proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas».
Para ello, la 4T desde su arranque, fue claro en el regreso de una política al pasado, basado en la llamada «autosuficiencia energética», proponiendo: «Recuperar la autosuficiencia energética, como un principio de seguridad nacional, volviendo operables las refinerías de Pemex y, en su caso, evaluar la construcción de refinerías con capacidad de 300 mil barriles diarios o la instalación de biorrefinerías para la producción de biodiesel».
Sin embargo, durante los últimos cuatro años de gobierno de la 4T, ha mostrado traspiés en las políticas encaminadas hacia primero los pobres y la autosuficiencia energética, ya que en este periodo (2018-2022), hemos observado que la pobreza en lugar de disminuir, está aumentando; y en las políticas energéticas, se han golpeado frontalmente a las empresas de energía alternativas (eólicas, solares, de uso intensivo de gas, contrarias al combustóleo y carbón), en aras de revivir a las dos empresas estatales del petróleo (Pemex) y la energía eléctrica (CFE).
Para ello, en las últimas semanas se agudizaron las controversias de los empresarios y los países afectados, ante el marco mismo del T-MEC, bajo el argumento que se está contraviniendo las cláusulas del mismo, bajo un mal entendimiento de la soberanía nacional versus la producción energética sustentable y sostenible.
- AUSENCIA DE UN NUEVO MODELO:
El problema intrínseco de este fenómeno, se funda que desde la primera versión del TLCAN (1994), hasta la renovación del tratado como T-MEC (2018), México no ha resuelto establecer un modelo alternativo de desarrollo, que logrará recuperar la soberanía de sus empresas nacionales, como se conoció en el viejo modelo de desarrollo económico, con sustitución de importaciones y fomento a las exportaciones, con mayor contenido de insumos nacionales.
Esto significa, que en los últimos 28 años, el Tratado de Libre Comercio, entre México, EEUU y Canadá, no ha abierto el camino para la creación de un modelo de empresa pymes nacionales, suficientemente robustas y competitivas para enfrentar a las empresas transnacionales en los sectores productivos estratégicos del país, sean del sector energético, automotriz, o los servicios, a excepción del sector agropecuario exportador; lo que ha logrado los dos tratados comerciales, es la reactivación económica del país, pero careciendo de la potencialización y reproducción de empresas proveedoras de cantidad y calidad internacional. Por lo que se carece de un nuevo «modelo estructural de desarrollo comercial, industrial, agropecuario, servicios y tecnológico», adaptado a nuestra cultura laboral y empresarial.
- ANTECEDENTES DE MODELOS:
En este contexto, ante la evidencia mostrada por las distintas fases de desarrollo que ha registrado México, desde la etapa del proteccionismo de las exportaciones y la sustitución de las importaciones, hasta la maduración de la época neoliberal de la economía, se observa persistentemente que las cosas en México no marchan bien; se tiene un largo periodo de bajo crecimiento; insuficiente generación de empleo de calidad; altos niveles de pobreza, insostenible por más tiempo; elevada desigualdad que afecta el crecimiento y repercute en inseguridad; alta inseguridad que afectan la vida y la economía, se establece la figura del crimen organizado, como una forma paralela al gobierno.
Este contexto hace notar la urgencia de que se establezca un nuevo propósito estratégico, que busque un mayor crecimiento económico con igualdad y estabilidad; un nuevo orden de prioridades: el nuevo motor de desarrollo debería estar en nuestras fortalezas internas; un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad; fortalecer al Estado como equilibrador social; consolidar al Estado como rector del desarrollo.
Sin embargo, en estos cuatro años, no se ha logrado establecer las bases para la 4T, como serían los siguientes factores:
a) Una Reforma Hacendaria Integral; b) Programa para la Competitividad de las empresas pymes nacionales.
A la par, la 4T no ha logrado: a) Impulsar al Estado como promotor del desarrollo; b) Ausencia de una Reforma monetaria y financiera; c) No se conoce una nueva Política Industrial; d) Las políticas de Fomento al campo han sido regresivas.
- MODELO ALTERNATIVO:
Por lo citado, es urgente realizar modificaciones al actual modelo económico. Regresar al crecimiento económico de al menos 2.5% anual, para recuperar el estancamiento económico de los últimos 4 años, con cero crecimiento, pérdida de empresas y empleos formales.
Para recuperar lo perdido en productividad e inversión de capital fijo, es necesario un “Proyecto Nacional de Desarrollo”, que se emite como un modelo alternativo, tanto a nivel nacional, como estatal para Tamaulipas, que permita recuperar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Si bien la propuesta nacionalista de la 4T es entendida, a esta le falta congruencia en los mecanismos de recuperar la inversión nacional y extranjera, al ser insuficiente la actual inversión pública del desarrollo, y mostrarse una alta caída de las inversiones de capital físico e infraestructura.
Por lo que la propuesta nacionalista de López Obrador carece de futuro, al basarse fundamentalmente en la decisión del Estado para regresar la regulación solamente al sector energético (energía eléctrica y petróleo), sin una planta productiva autosuficiente que pueda sustituir a las empresas extranjeras.
Es claro que en México no se registran empresas y empresarios de nivel competitivo, salvo excepciones conocidas en alimentos, minería y cementeras, que sustituyan empresas clave como la industria automotriz, proveeduría y energías limpias.
Por lo que el modelo de regresar a la preponderancia única del Estado, en tiempos de libre mercado y competencia en economías abiertas, se entiende que tiene un valor político para la autoridad estatal, pero no presenta las alternativas suficientes y necesarias para despegar con una economía productiva basada en empresas y empresarios autosuficientes y competitivos.
- CASO TAMAULIPAS:
En lo referente a los nuevos modelo estatales, en el caso de Tamaulipas, la nueva administración también debe replantear su propio modelo económico, con una planeación tanto sexenal como de largo plazo (política de estado vs de gobierno), que permita “identificar una nueva dinámica de crecimiento y desarrollo, para consolidar con lo que ya se ha avanzado, sin volver al pasado reciente de inseguridad y rezago económico”.
Tamaulipas puede y debe recuperar las fortalezas del estado, basadas en la conectividad de sus 17 puentes fronterizos, tres puertos de altura y cinco aeropuertos internacionales, para consolidar el primer lugar que ocupa en comercio exterior y en aportación fiscal, al tener la principal aduana de carga en Nuevo Laredo, donde transita más del 40% del comercio internacional.
También Tamaulipas debe rescatar su mano y mente de obra para que no emigre hacia Monterrey o a Texas, debido a la gran calidad y cantidad de su capital humano, puesto que la entidad dispone de una Población Económicamente Activa (PEA) de jóvenes en edad de trabajar, que son egresados de las 100 universidades y 28 escuelas técnicas, y registra más de 300 mil profesionistas y técnicos.
Por último, Tamaulipas debe fortalecer las cadenas productivas, basando en una política de proveedores y abastecimiento de las grandes 350 empresas maquiladoras en la frontera norte, y las 35 petroquímicas de la zona conurbada, todo ello fortaleciendo a las Mipyme estatales..
