AGENCIAS. Argentina aguanta la respiración. Este martes 6 de diciembre, un tribunal federal decidirá si condena o absuelve en una causa por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. En la víspera del fallo, la vicepresidenta repitió en una entrevista lo que ya ha dicho ante los jueces: “Habrá una condena”. La expresidenta está convencida de que lo que llama “el partido judicial”, aupado por la oposición de derecha, la quiere fuera del camino. La sentencia, dijo, “está escrita desde el 2 de diciembre de 2019″, cuando habló por primera vez en el juicio.
“Por razones muy simples. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas. Segundo: todo lo dicho es mentira”.
Kirchner concedió una entrevista al diario brasileño Folha do São Paulo. Subió el vídeo, de una hora, a sus redes sociales en la madrugada del lunes, para asegurarse la adecuada repercusión local. No suele hablar mucho con la prensa. La última entrevista a un medio internacional fue en 2017. Estaba entonces en campaña para ser senadora. Dos años después se convertía en vicepresidenta, tras ceder el primer puesto en la boleta electoral a su exjefe de Gabinete, Alberto Fernández. La pareja en el poder ya no se habla. Mientras la crisis arrecia, Kirchner se ha concentrado en sus problemas judiciales, sobre todo en uno en particular, la llamada “causa Vialidad”. La justicia la acusa de regentear una asociación ilícita que desvió 1.000 millones de dólares de fondos públicos entre 2007 y 2015, cuando era presidenta. En la trama están acusados un exministro de Planificación, Julio de Vido; un alto funcionario de Obras Públicas, José López, y el empresario Lázaro Báez, receptor de 51 contratos en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo.
Desde el inicio del juicio, Kirchner sostuvo que los jueces y la prensa la han tratado como si ya fuese culpable, violando el principio de presunción de inocencia. “Se construye la imagen de un ladrón, imputándome delitos contra la propiedad cuando, en realidad, cuando terminé mi mandato, tenía los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”. Recordó entonces que un juez, Julián Ercolini, la sobreseyó a ella y a su marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015) en una de las causas por enriquecimiento que ahora se juzgan.
“El 6 van a dictar la sentencia. El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina”, dijo el Folha do São Paulo. La vicepresidenta habló también de la relación de Néstor Kirchner con Lázaro Baéz, un cajero de banco que de la noche a la mañana se convirtió en multimillonario gracias a sus contratos para hacer carreteras en Santa Cruz. “No fueron socios, en absoluto”, dijo, “sos socio cuando tenés un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.
Báez está entre los acusados. Ya está preso, condenado a 12 años de cárcel en una causa por lavado de dinero de la corrupción. La causa Vialidad contra Kirchner investiga, justamente, de dónde sacó Baéz los 60 millones de dólares que blanqueó. Los fiscales han pedido para Báez otros siete años de prisión; y 12 años para Cristina Kirchner. La diferencia está en que consideraron a la vicepresidenta la jefa de una asociación ilícita armada en la Casa Rosada para delinquir. Es un gran desafío probar que una Gabinete de ministros, con el presidente al frente, tenga como principal objetivo el de enriquecerse. La defensa de Kirchner sostuvo durante el juicio que a un Gobierno elegido democráticamente no se le puede aplicar una figura creada para perseguir a las mafias del narcotráfico.
Si cae el cargo de asociación ilícita, queda en pie la de defraudación al Estado, que contempla una pena de hasta seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Kirchner se refiere a eso cuando habla de una condena. En el kirchnerismo dan por hecho una sentencia a medio camino entre lo que pidieron los fiscales y la absolución que solicitó la Defensa. La vicepresidenta insistió en trazar un paralelo entre su situación y la de Luiz Inacio Lula da Silva, preso más de 500 días en Brasil por corrupción.
“Aquí se enfrentó el lawfare [el uso de la judicatura con fines judiciales] desde la altura del poder. Fue un fenómeno regional. El fenómeno del ‘partido judicial’ pasó con Lula, con [el ecuatoriano Rafael] Correa y pasa conmigo”, dijo Kirchner.
Kirchner no irá presa. Tiene fueros como vicepresidenta y su defensa puede apelar una condena ante la Corte Suprema, proceso que puede durar años. Pero la sentencia de este martes, cualquiera sea, cambiará el mapa político argentino. Kirchner es, aún con sus altibajos, la persona con más influencia. Una condena agitará al peronismo, aunque de manera dispar según su fidelidad con “la jefa”, como la llaman. La Cámpora, la agrupación que lidera su hijo Máximo, no ha convocado a manifestaciones frente a los tribunales, como hiciera en el pasado, temerosa de que se produzcan incidentes. Sí lo han hecho sindicatos menores, pero sin demasiado poder de movilización. El presidente, Alberto Fernández, apenas se ha referido al juicio; Kirchner no nombró al presidente en su entrevista con Folha do São Paulo. Si, en cambio, Kirchner es absuelta su figura crecerá de cara a las elecciones de 2023. Será una mala noticia para la oposición, enfrascada como está en elegir un candidato que logre neutralizar las divisiones que la fracturan.
