COMENTARIO EDITORIAL Por Dr. Jorge A. Lera Mejía
Hablar de los tres temas que cito hoy, desigualdad, violencia y migraciones, es retomar los hechos que en México están siendo redundantes y presentes dentro de la población más vulnerable y frágil de nuestra sociedad.
La desigualdad fomenta la violencia criminal, política y social en México. Debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.
Además, se observa que este fenómeno de desigualdad, violencia y migración, se impacta más en regiones de alta presencia del crimen como son Nuevo León, Tamaulipas en el noreste; Guerrero y Michoacán en occidente; Sonora, Sinaloa y Durango, en el noroeste.
La violencia también afecta el crecimiento económico a través de su impacto en las personas, las empresas, las comunidades y las instituciones.
Por lo tanto, la violencia es un factor importante que subyace a la trampa de bajo crecimiento de alta desigualdad y su erradicación requiere intervenciones políticas activas en varias áreas.
Dada la prevalencia de la violencia y sus graves repercusiones en el desarrollo humano, la región necesita desesperadamente más y mejores datos, especialmente sobre las formas más graves de violencia que la afligen.
Las desigualdades también pueden surgir de la migración. Quienes migran pueden enfrentar un acceso desigual a los derechos y recursos sociales, incluido el derecho a buscar protección en los casos de quienes huyen del conflicto, la violencia y la persecución.
Una de las causas más importantes de la migración reciente en México, es ocasionada por la propia desigualdad y violencia. Los migrantes por inseguridad y violencia son en su mayoría familias enteras, mujeres, niñas y niños, lo que puede estar asociado a una mayor vulnerabilidad ante el incremento de la violencia en sus lugares de origen, pero también al hecho de que el 86.6% de los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2022 fueron de hombres y mujeres (SESNSP, 2022).
Por tanto, el incremento de la violencia puede tener efectos diferenciados, al reducir en mayor grado la esperanza de vida de los hombres e incrementar la migración de mujeres.
A partir del módulo de migración internacional del CPV 2020, se estima que cerca de 8 mil personas migraron de México a otro país por motivos de inseguridad delictiva y violencia entre 2015 y 2020, particularmente a EEUU, la gran mayoría procedía de Guerrero y Michoacán, entidades con altos niveles de violencia provocados por disputas entre grupos criminales. No obstante, estas estimaciones no captaron a los hogares completos que migraron, al no haber quién diera cuenta de su migración.
Al analizar las tasas de migración por violencia e inseguridad y las tasas de homicidios a nivel municipal a partir de los datos del INEGI (2021), podemos observar regiones del país con altos niveles en ambos fenómenos, en especial en el noroeste, noreste y occidente de México. Estas regiones se han caracterizado por tener de los mayores niveles de violencia desde el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico, como resultado de las divisiones y confrontamientos por los territorios.
En este sentido, se observa que las regiones con una larga presencia de grupos criminales locales y regionales, y en particular de cárteles de drogas, muestran de los mayores niveles de migración por motivos de inseguridad y violencia en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Además de diversas regiones al sur del país en donde la violencia puede estar asociada a otros tipos de conflictos agrarios, comunales, religiosos y económicos.
Dados los actuales niveles de violencia e inseguridad por los que atraviesa el país y los nulos o escasos resultados de las políticas de seguridad pública implementadas desde hace 15 años, es necesario replantear la estrategia de seguridad y desarrollar leyes y programas que protejan y apoyen a las personas desplazadas. Por lo que se sigue a la espera de la aprobación de la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno (LDFI) que fue enviada al Senado desde septiembre de 2020…
