AGENCIAS. Este viernes, los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curie en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que piden a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, no eliminar la prisión preventiva oficiosa, destacando las consecuencias que conllevaría.
Los mandatarios estatales coinciden en que su eliminación representaría un gran riesgo para la seguridad pública:
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, se lee en el documento ingresado al buzón de la judicial de la Corte.
Asimismo, pidieron mantener la Supremacía constitucional por encima de cualquier norma internacional, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado mexicano, al declarar la medida cautelar como inconvencional.
Destacaron que el uso de la prisión preventiva permite un mejor avance del proceso penal, así como lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar la no impunidad y lograr la reparación de daños causados por el delito.
“Por ello, hacemos un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados», aseveraron.
