Por Enrique Cárdenas Ochoa
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. En las comisiones unidas de Gobernación y Justicia del Congreso de Tamaulipas, la diputada del partido Morena, Katalyna Méndez Cepeda, presentó una iniciativa que arroja luz sobre un aspecto crítico de la seguridad pública: la protección de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes frente a delitos que implican violencia de género.
La propuesta exige un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que, dentro de su ámbito de competencia, fortalezca los mecanismos de denuncia de delitos que afectan a este grupo poblacional vulnerable, y que además informe al pleno del Congreso acerca del estado que guardan las denuncias iniciadas por tales hechos.
En el texto de la iniciativa se recuerda que la violencia de género, y en su forma más grave el feminicidio, deben prevenirse, atenderse, combatirse y sancionarse, garantizando para las víctimas indirectas el derecho al debido proceso, la no revictimización, justicia con perspectiva de género, seguridad jurídica y la digna recuperación de los cuerpos de las víctimas directas.
La diputada Méndez Cepeda fundamenta su planteamiento en principios como la reparación integral y la no repetición del delito, así como en los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: el objetivo 5 en materia de igualdad de género —y su meta 5.2 sobre eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas—; y el objetivo 16, que apunta a la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas, incluyendo las metas 16.1, 16.3 y 16.6.
Con esta iniciativa, la legisladora pone en el centro del debate político, la necesidad de que las instituciones de procuración de justicia actúen con eficiencia, agilidad, profesionalización, transparencia y sensibilidad social para generar confianza entre la ciudadanía.
Al hacerlo, busca que la fiscalía estatal se convierta en una entidad con credibilidad y compromiso, que genere resultados concretos en la protección de las niñas, adolescentes y mujeres.
La presentación de esta iniciativa marca un paso hacia el reforzamiento institucional de los mecanismos de denuncia y atención, pero esto dependerá, del seguimiento que el Congreso otorgue al informe que se solicita y del impacto real que tengan las acciones que la fiscalía despliegue en los próximos meses.
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