Enrique Jonguitud
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. La incitación al delito y su difusión en redes sociales serán castigadas con mayor severidad en Tamaulipas, luego de que comisiones del Congreso del Estado aprobaron una reforma para ampliar la tipificación de estas conductas.
El dictamen fue avalado por diputados de las comisiones de Estudios Legislativos, así como de Justicia Primera y Segunda, quienes dieron luz verde a cambios que buscan actualizar la ley frente a las nuevas formas de comunicación digital.
Durante la discusión, el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez, de Morena, sostuvo que:
“Con el permiso de quienes integran estas comisiones dictaminadoras el asunto puesto a consideración tiene por objeto reestructurar la disposición penal relativa a la provocación de un delito y apología de este o de algún vicio ampliando sus elementos e hipótesis a fin de fortalecer su tipificación y con ello promover entornos de mayor seguridad y orden público”.
El legislador explicó que la reforma parte de una base doctrinal, al señalar que:
“La doctrina en materia describe las conductas que confluyen este delito es ilícito por parte de una provocación atendiéndose como incitar de manera directa pública y dolosa a la realización de un acto delictivo”.
También advirtió sobre los efectos sociales de estas conductas, al indicar que la apología implica:
“La alabanza pública o glorificación del crimen o enaltecer sus autores las cuales tienen múltiples efectos negativos en la sociedad como lo es la normalización de la violencia la ruptura de la cuestión social la revictimización entre otras”.
Uno de los ejes centrales de la reforma es incorporar los entornos digitales, al proponer “ampliar los medios de realización de dichas conductas incorporando las redes sociales plataformas digitales o cualquier medio de comunicación o difusión”.
Además, se fijan castigos más severos, al establecer “una pena de 6 meses a 7 años de prisión y multa de 50 a 300 veces el valor diario de unidad de medida actualización uma”, con agravantes para funcionarios públicos.
En ese caso, se contempla aumentar la sanción:
“Hasta por un tercio mayor en caso de ser cometida por personas servidora pública además de la inhabilitación hasta por el mismo plazo de la pena impuesta”.
Finalmente, el diputado subrayó el respaldo institucional de la iniciativa al afirmar que “esta propuesta particular se encuentra respaldada por las opiniones remitidas por el poder judicial y la fiscalía general de Justicia del Estado”, y defendió que los cambios permitirán responder a las dinámicas actuales para reforzar la seguridad y el orden público.
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