Enrique Jonguitud
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Luego de advertencias sobre el abandono histórico de la salud mental y la falta de atención institucional, el Congreso del Estado aprobó la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, con la que se busca establecer un nuevo modelo enfocado en la prevención, la atención oportuna y el respeto a los derechos humanos.
La aprobación del nuevo marco jurídico surgió tras la integración de tres iniciativas promovidas por los diputados Armando Javier Zertuche Zuani, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Víctor Manuel García Fuentes, quienes coincidieron en la urgencia de crear una legislación más sólida ante el crecimiento de los problemas emocionales y psicológicos en la población.
El dictamen fue respaldado por legisladores, instituciones y organizaciones civiles, quienes participaron en el análisis y construcción de la nueva normativa que pretende colocar a Tamaulipas entre los estados con mayor avance en la atención de la salud mental.
“Este dictamen permite contar en Tamaulipas con un marco jurídico sólido en materia de salud mental y bienestar psicosocial, con una visión integral, moderna y acorde a las necesidades de las y los tamaulipecos”, destacó el diputado Armando Zertuche Zuani, durante su intervención.
Durante la discusión, también se advirtió que la salud mental ha permanecido durante años en segundo plano, sin políticas públicas suficientes ni coordinación institucional, situación que motivó el impulso de la nueva legislación.
“La salud mental, tantas veces relegada al silencio y al estigma, se coloca hoy en el centro de nuestra agenda legislativa. Este dictamen nos permite pasar de la improvisación a la prevención, de la dispersión normativa a la coordinación interinstitucional, y del anonimato al reconocimiento pleno de la salud mental como un derecho humano”, señaló la diputada Patricia Mireya Saldivar Cano.
Entre las principales disposiciones de la nueva ley destaca la creación del Sistema Estatal de Salud Mental y Bienestar Psicosocial, así como una Unidad Técnica Estatal y un Consejo Estatal de Coordinación, instancias que tendrán la responsabilidad de diseñar políticas públicas, coordinar acciones y supervisar los servicios.
También se contempla la conformación de una Red Estatal de Servicios con distintos niveles de atención, priorizando el modelo comunitario, la continuidad terapéutica y la atención en entornos menos restrictivos para las personas usuarias.
La legislación reconoce derechos fundamentales como el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso a información clara, la no discriminación y el trato digno, además de establecer mecanismos de queja, seguimiento y reparación para quienes enfrenten vulneraciones.
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