CIUDAD VICTORIA, TAMPS. En dos proyectos de sentencia para resolver las controversias constitucionales presentadas por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados y la FGR el ministro Juan Luis González Alcántara señala que los gobernadores tienen una protección reforzada para conservar la soberanía y autonomía de las entidades federativas.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia que propone mantener el fuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta el final de su mandato, es decir, hasta el 30 de septiembre de este año, resolución que impediría la ejecución de cualquier orden de captura girada en su contra.
Además, el ministro propondrá a la Primera Sala de la Corte un segundo proyecto de sentencia que propone anular la orden de aprehensión girada por un juez de control contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado en el marco del caso Odebrecht.
Sin embargo, el proyecto requiere que al menos otros dos ministros o ministras apoyen las propuestas del ministro Juan Luis González para lograr una mayoría simple de 3 votos, por lo que será este 8 de junio cuando finalmente comiencen a despejarse las dudas sobre el futuro legal del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
En el caso de la controversia constitucional 50/2021 promovida por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se trata de una resolución de fondo que impugna si la declaración de procedencia emitida por los diputados federales en un proceso de desafuero contra un gobernador representa una resolución definitiva que los legisladores locales deben acatar o si un Congreso local tiene facultades para rechazar la declaratoria emitida por la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, lo que se decida en la Primera Sala de la Suprema Corte podría tener impacto en el futuro en procesos de desafuero contra otros gobernadores. En contraste, la controversia constitucional 70/2021, presentada por el propio Congreso de Tamaulipas contra la Fiscalía General de la República (FGR) por solicitar una orden de aprehensión contra un el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, implica una resolución mucho más acotada, ya que la sentencia que beneficiaría de forma particular a dicho servidor público.
En su proyecto de sentencia para analizar el fuero del gobernador de Tamaulipas, el ministro González Alcántara Carrancá señala que la controversia constitucional deberá definir la competencia que el artículo 111 constitucional otorga en sus párrafos quinto y sexto a los congresos locales para concluir con el procedimiento que retira la inmunidad procesal a un gobernador, así como para esclarecer los alcances del dictamen mediante el cual la Cámara de Diputados aprueba y emite una Declaratoria de Procedencia en contra de una autoridad local.
El proyecto de sentencia del ministro agrega que no se cuestionan las facultades ni los razonamientos de la Cámara de Diputados para emitir la Declaratoria de Procedencia contra un gobernador, sino solamente si el Congreso de Tamaulipas impidió o no las atribuciones de los diputados federales para desaforar al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Tamaulipas.
En este marco, advierte que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal de un Gobernador contempla la intervención de la Cámara de Diputados y de los Congresos de los estados, con el fin de que las entidades federativas puedan defender su soberanía y definir en última instancia si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente o no por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.
Por lo anterior, el ministro Juan Luis González Alcántara concluye que la decisión del Congreso de Tamaulipas de no homologar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, desaforando en automático al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “no obstruye las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, ya que la propia Constitución establece un régimen diferenciado para autoridades locales y federales con la frase “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
El proyecto agrega que derivado de dicha frase se puede establecer que “la decisión final sobre si retirar la inmunidad procesal de dichos servidores públicos corresponde al congreso de la entidad federativa” involucrada correspondiente, por lo que “es el Congreso local quien evalúa y decide, de manera definitiva, si es procedente remover la inmunidad procesal de la que goza el servidor público estatal mientras ejerce su cargo”.
Para el ministro, se trata de una protección reforzada para salvaguardar la soberanía interna de las entidades federativas y el pacto federal, así como para garantizar la autonomía e independencia que ejercen los servidores públicos en el orden jurídico estatal.
En este sentido, concluye que la Declaración de Procedencia que hace la Cámara de Diputados contra servidores públicos de carácter estatal “no tiene el efecto de remover la inmunidad procesal de la que gozan” y “su único efecto es el de ser comunicada al congreso local correspondiente”, para que este emita una resolución definitiva conforme a derecho.
Por lo anterior, el ministro concluye que no hubo invasión de competencias de la Cámara de Diputados a las facultades del Congreso de Tamaulipas ni viceversa, declarando infundada la controversia presentada por los legisladores locales, pero beneficiando al Gobernador de Tamaulipas al establecer que el fallo tampoco elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Por lo que se refiere a la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra la FGR, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González señala que la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía violó la Constitución Mexicana, ya que ignoró la determinación del Congreso de Tamaulipas de no completar el proceso de desafuero al votar un punto de acuerdo en el que los legisladores locales se pronunciaron por no homologar la Declaratoria de Procedencia aprobada en San Lázaro.
Incluso, se acusa a la FGR de querer suplantar al Congreso local y de no respetar el fuero del gobernador de Tamaulipas que estaba vigente, por lo que se ordena anular la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que en su momento emitió el juez de control, Aarón Zeferino Hernández, desde el 18 de mayo del 2021.
