- De un plumazo, 3.6 millones de niños perdieron 50% de sus horas de clase y su almuerzo diario
Por Carlos M. Urzúa
El proceso de demolición del Estado emprendido desde Palacio Nacional no se limita a derruir, a toda costa, cualquier institución que pueda ser un contrapeso al poder palaciego. Ese proceso de extinción, iniciado desde hace tres años, ha ido más allá. Se ha extendido inclusive a los anteriores programas gubernamentales que pudieran ser vistos como ajenos a la visión (es un decir) cuatroteísta.
La reciente cancelación por parte de la Secretaría de Educación Pública del “Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, no es solamente un ejemplo de los despropósitos del gobierno actual, sino que pasará a la historia como uno de los más lamentables. De un plumazo, por obra y gracia de las autoridades de la SEP, 3.6 millones de niños, la inmensa mayoría de los cuales son habitantes de las zonas más marginadas del país, perdieron la mitad de sus horas de clase y su almuerzo diario.
Los objetivos de ese programa siempre fueron muy claros: ofrecer a los estudiantes más desfavorecidos horas adicionales de escuela, no solamente para que pudieran recibir una mejor educación, sino también para que consumieran al mediodía alimentos calientes y para que tuvieran sus padres una mayor flexibilidad laboral, en especial sus madres. Sobra añadir que el programa fue en su tiempo alabado por muchos organismos internacionales, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (la UNICEF).
Para poder apreciar la magnitud de la tragedia infantil que se suscitará con esa extinción, baste con señalar tres hechos. Primero, casi el noventa por ciento de esas escuelas eran rurales, y entre éstas un quinto estaban en zonas indígenas. Segundo, para dos terceras partes de ese estudiantado el alimento que se les daba en la escuela era, apenas, el primero del día. Y tercero, el desempeño académico de los estudiantes de esas escuelas mejoró significativamente en la prueba nacional Enlace.
¿Por qué entonces se eliminó el programa? A mediados de 2019, Andrés Manuel López Obrador ideó una de sus tantas ocurrencias clientelares. Impuso a la SEP el programa “La Escuela es Nuestra”, el cual pretende que sean los propios padres de familia quienes den mantenimiento a las escuelas con recursos públicos. Tan reciente es ese mecanismo clientelar que ni siquiera aparece en ese panfleto conocido como el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno.
Suponemos que López Obrador no pretendía originalmente eliminar el anterior programa, el bueno, el reconocido a nivel internacional. Pero resulta que este gobierno ya dilapidó todo el dinero, excepto por los recursos necesarios para seguir inflando los elefantes blancos de la administración. Así que la SEP, para evitar a toda costa la ira presidencial, mejor optó por sacrificar a esos millones de niños que están en situación vulnerable.
La eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo es claramente inconstitucional, pues atenta contra los derechos que tienen esos 3.6 millones de niños mexicanos a la educación y a una alimentación suficiente. Excepto por la borregada cuatroteísta que baja la cabeza ante su líder, el resto de los mexicanos, la gran mayoría, debemos oponernos a esa tragedia. Esto incluye sobre todo a los gobernadores y legisladores de oposición. Los primeros pueden crear a nivel estatal programas similares, los segundos deben vigilar con lupa los recursos presupuestarios que pertenecen a esos niños.
