Por Julio Manuel Loya Guzmán.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. En un paso hacia la protección efectiva de los derechos de las mujeres, la diputada Magaly Deándar, presentó ante el Pleno Legislativo una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que busca establecer con claridad que la legítima defensa también aplique cuando una persona actúe para proteger a una mujer víctima de violencia de género.
La propuesta legislativa contempla reformar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 32 y adicionar un tercer párrafo a esa misma fracción, así como un segundo párrafo al artículo 34 del Código Penal del estado.
El objetivo principal es reconocer como legítima defensa el hecho de intervenir a favor de una mujer que esté siendo agredida de forma física, sexual o incluso en riesgo de feminicidio, sin que esa acción sea considerada un delito.
Asimismo, se busca establecer que no se considerará “exceso” en la legítima defensa si la persona que actúa sufre miedo o terror que le impida determinar con claridad los límites de su respuesta. Esta medida, subrayó la legisladora, pretende garantizar justicia con perspectiva de género y evitar la criminalización de víctimas o de quienes intervienen para auxiliarlas.
“La violencia de género es una pandemia silenciosa que sigue arrebatando vidas y libertades. Esta reforma representa un parteaguas en la manera en que entendemos la defensa propia frente a la agresión a una mujer”, expresó la diputada Deándar durante la presentación de la iniciativa.
En la exposición de motivos, la legisladora hizo referencia a diversos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, los cuales establecen la obligación de los estados de garantizar mecanismos eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
También citó criterios del Poder Judicial de la Federación que obligan a los jueces a juzgar con perspectiva de género, lo que implica considerar el contexto estructural de desventaja y discriminación que enfrentan las mujeres al ser víctimas de violencia.
Esta iniciativa pondrá a Tamaulipas como uno de los primeros estados en dar un paso firme para armonizar el derecho penal con los principios de justicia con perspectiva de género.
La diputada reiteró que se trata de una medida urgente ante la realidad de violencia que viven las mujeres en la entidad y en todo el país.
“Esta reforma es un acto de justicia. Las mujeres deben saber que no están solas, y que el Estado está comprometido con su protección”, concluyó.
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