CIUDAD VICTORIA, TAMPS. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local desmintió las acusaciones mediáticas que, durante 3 años, intentaron vincular a actores del actual gobierno con empresarios que estarían implicados en actos de corrupción.
“El discurso que sostuvieron por años fue falso, sin pruebas, lleno de dolo. Durante casi 3 años impulsaron una campaña negra intentando forzar una supuesta relación entre nuestro entonces candidato y hoy gobernador, Américo Villarreal, con los hermanos Carmona. Hoy queda demostrado que todo eso era mentira”, afirmó el diputado Humberto Prieto Herrera.
Agregó que los García Cabeza de Vaca y los panistas, quienes hicieron las acusaciones, eran en realidad quienes mantenían vínculos y negocios ilegales con los Carmona.
“Las pruebas son contundentes: el dinero, el presupuesto de salud, que es para insumos, medicinas, hospitales, se lo estaban robando”, sentenció.
En entrevista con medios fronterizos, el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, reiteró que en el Congreso se tomarán acciones la próxima semana, ante las recientes denuncias presentadas por la Secretaría de Salud estatal por el presunto desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.
Prieto Herrera calificó como graves y contundentes las pruebas que sustentan dichas denuncias, las cuales apuntan a una presunta red de corrupción que afectó directamente al sector salud durante la administración anterior.
“El presupuesto de salud no solo es sagrado, sino fundamental. Es inaceptable que, mientras se denunciaba la falta de medicamentos o infraestructura, esos recursos se desviaran con absoluto cinismo”, afirmó el legislador.
Expresó su confianza en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de Justicia del Estado, instituciones ante las cuales se presentaron las denuncias, y llamó a que otras dependencias que cuenten con información sobre irregularidades también las presenten.
Finalmente, reafirmó que el Congreso no será cómplice de la impunidad ni del encubrimiento, y que su responsabilidad como ente fiscalizador del Estado es dar seguimiento puntual, exigir justicia y garantizar la transparencia.
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