Enrique Jonguitud
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Familias de personas con discapacidad en Tamaulipas enfrentan un viacrucis administrativo al tener que comprobar una y otra vez condiciones permanentes para acceder a servicios públicos, una situación que ya se busca corregir desde el Congreso local.
La diputada de Morena, Ana Huerta Valdovinos, señaló que la burocracia excesiva se ha convertido en una barrera que limita el ejercicio pleno de derechos, especialmente en casos de discapacidad permanente.
“Hoy en día muchas familias deben presentar repetidamente certificados médicos, evaluaciones clínicas y dictámenes especializados para poder acceder a terapias, apoyos sociales o programas de inclusión; es decir, el Estado les exige demostrar una y otra vez la condición que tienen”, afirmó.
Explicó que esta dinámica no solo retrasa la atención, sino que también genera gastos adicionales y desgaste emocional en quienes ya enfrentan condiciones complejas.
“Esta situación no solo genera desgaste emocional para las familias, sino también costos económicos y pérdida de tiempo”, expresó.
La legisladora destacó que el problema es amplio y afecta a miles de personas en el estado, muchas de ellas invisibilizadas en la discusión pública.
“De acuerdo con datos del INEGI, millones de personas viven con alguna discapacidad y, en el caso de Tamaulipas, se estima que cientos de miles de personas presentan alguna discapacidad o limitación funcional. Detrás de cada una de estas cifras hay familias, hay historias de lucha, de esfuerzo y de esperanza”, indicó.
Huerta Valdovinos subrayó que existen condiciones, como el síndrome de Down, cuya naturaleza permanente hace innecesaria la constante comprobación ante distintas autoridades. Ante ello, presentó una iniciativa que busca reformar la legislación estatal para eliminar trabas y facilitar el acceso a derechos.
“Hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que nace de una realidad que viven miles de familias en Tamaulipas, pero que pocas veces se discute en los espacios legislativos: la burocracia que enfrentan las personas con discapacidad permanente que acceden a servicios y programas públicos”, expuso.
Detalló que la propuesta incluye la expedición de certificados permanentes, la creación de un registro estatal interoperable y la eliminación de trámites repetitivos en dependencias.
“En consecuencia, considero que resulta necesario fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación de disposiciones que permitan la expedición de certificados permanentes de discapacidad, la creación de un registro estatal interoperable y la eliminación de trámites repetitivos”, puntualizó.
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