Enrique Jonguitud
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Para reducir desigualdades en el cobro del impuesto predial, comisiones del Congreso local aprobaron la creación de la ‘Junta Central Catastral’, como parte de una reforma a la Ley de Catastro del Estado.
El valor catastral es el precio oficial que las autoridades asignan a casas, terrenos o edificios con fines fiscales, base para el cobro de impuestos, y se determina a partir de factores como ubicación, superficie, tipo de construcción y servicios.
La iniciativa, promovida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, plantea integrar un órgano auxiliar permanente que establezca criterios generales en la valuación de predios y emita opiniones técnicas sobre acuerdos de juntas municipales.
El dictamen advierte que la falta de metodologías uniformes en los municipios ha generado distorsiones en esos valores, lo que deriva en cobros desiguales entre propietarios.
“Esta propuesta atiende una problemática real en la práctica municipal, donde la falta de criterios homogéneos y de actualización oportuna de los valores catastrales ha generado rezagos, inequidades y distorsiones en las contribuciones sobre la propiedad”, señaló.
El documento precisa que la nueva Junta no vulnera la autonomía municipal, ya que los ayuntamientos mantendrán su facultad constitucional para aprobar los valores catastrales.
“La creación de esta Junta no invade la autonomía municipal; es un órgano técnico y de coordinación que complementa el trabajo de los ayuntamientos y permite que los valores catastrales reflejen de mejor manera la realidad del mercado inmobiliario”, resaltó.
Además, la reforma contempla el uso de herramientas tecnológicas, procesos de digitalización y una mayor coordinación con el Registro Público de la Propiedad para modernizar el sistema.
“Esta acción representa un paso importante para consolidar un sistema catastral más justo, equitativo y transparente, que fortalezca las finanzas municipales y la planeación del desarrollo urbano”, agregó.
La propuesta cuenta con opinión técnica del Instituto Registral y Catastral del Estado y será turnada al pleno para su análisis y eventual aprobación.
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