Por Julio Manuel Loya Guzmán.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de la diputada Magaly Deandar que pone fin a los abusos y cobros ilegales de empresas de grúas que trabajan para Tránsito Local arrastrando vehículos accidentados o infraccionados en diversos municipios de Tamaulipas.
La legisladora celebró la decisión del Pleno al destacar que se trata de una demanda ciudadana que llevaba años pendiente, derivada de prácticas que calificó como “todo un negocio” entre compañías privadas y algunos ayuntamientos.
Explicó que, con la reforma aprobada, los automovilistas involucrados en un percance ya no serán obligados a pagar arrastres injustificados, situación que generaba gastos adicionales para quienes ya enfrentaban los costos de reparación de sus vehículos.
“Encima de que les chocaban o chocaban, y tenían que arreglar sus carros, también les cobraban el arrastre y el corralón. Esto será un alivio para los tamaulipecos”, afirmó.
Agregó que, en algunos municipios, los alcaldes habían convertido el servicio de grúas en un negocio particular, lo que hacía urgente regularlo y poner un alto a estas prácticas. Detalló que solo falta su publicación en el Periódico Oficial del Estado para que la reforma entre en vigor.
Además, informó que presentó una segunda iniciativa también en materia de grúas, enfocada en impedir que se remolquen vehículos infraccionados cuando el conductor se encuentra presente.
“A muchos les ha pasado que entran a una tienda y, al salir, la grúa ya se quiere llevar el carro. Ese tipo de conductas no deben permitirse”, expuso.
La propuesta establece que, si el propietario está en el lugar, deberá aplicarse únicamente una sanción administrativa, sin arrastre ni cobro de corralón, medidas que —dijo— buscan proteger la economía de las familias tamaulipecas.
Para concluir, la diputada reynosense opinó sobre las variaciones extremas en las multas municipales por conducir en estado de ebriedad, que van desde 4 mil hasta más de 10 mil pesos, según el municipio, consideró necesario revisar y homologar los reglamentos para evitar excesos y establecer criterios más justos
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