CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Con el objetivo de alcanzar el cumplimiento total en materia de rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, anunció el inicio del proceso de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
De acuerdo con la titular de la dependencia, tras cerrar el ciclo 2025 con un avance del 92.27%, lo que representó la participación de más de 79 mil 700 personas servidoras públicas, la meta para el presente año es alcanzar el cumplimiento del 100% del personal obligado.
Para asegurar el éxito de esta jornada, se han realizado pruebas técnicas en la plataforma digital, con el fin de garantizar su estabilidad y funcionamiento óptimo desde el primer minuto del 1 de mayo.
“Para facilitar el proceso, se desplegará un sistema de acompañamiento que incluye la instalación de módulos de atención, capacitación en línea y asistencia técnica personalizada a través de los Órganos Internos de Control y Comisarios en dependencias y entidades estatales”, señaló Pedraza Melo.
Se destacó que la mayoría del personal, es decir, más de 80 mil personas servidoras públicas, deberá presentar la declaración en modalidad simplificada, mientras que quienes ocupan cargos desde jefaturas de departamento hasta niveles superiores deberán cumplir con la declaración completa.
En apego al marco legal vigente, se informó que la omisión en la presentación de la declaración conlleva sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. A la fecha, más de 60 personas han sido inhabilitadas por incumplimientos en años anteriores, incluyendo exdirectores generales que omitieron su declaración de conclusión de encargo.
Asimismo, se recordó que las sanciones por este tipo de faltas administrativas no graves pueden ir desde amonestaciones hasta inhabilitaciones de tres meses a un año.
Finalmente, la secretaria hizo un llamado a todas las personas servidoras públicas a actuar con ética y transparencia, destacando el valor transformador del servicio público en beneficio de la sociedad.
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