CIUDAD VICTORIA, TAMPS. El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jorge Espino Ascanio, compareció ante los diputados locales para explicar los avances de la revisión de las cuentas públicas del 2022, que se realiza actualmente.
El Auditor explicó a los legisladores de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas el detalle de los procedimientos de revisión a lo que se someten los organismos y dependencias estatales.
Espino Ascanio dijo que previo a la revisión de las cuentas públicas del 2022, se presentó el plan de trabajo de la Auditoría y los propios diputados aprobaron el documento.
Sobre los ayuntamientos más incumplidos en cuanto a entregar la información la ASE, citó al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, ya que no ha presentado información financiera trimestral del 2023, y del 2022 se ha negado a proporcionar información que le ha sido requerida.
Además, dejó en claro que están pendientes procedimientos resarcitorios (devolución de recursos) del año 2016 y que incluye al poder ejecutivo, a la Secretaría de Salud, al IETAM, Reynosa, Tampico y Río Bravo.
El Auditor sostuvo que del 2022 se le siguen procedimientos administrativos, por no presentar información financiera a Nuevo Laredo, San Fernando, Comapa de Jaumave, Comapa de Cruillas, Río Bravo y Colegio de Bachilleres de Tamaulipas.
En la misma situación están los institutos tecnológicos de El Mante y de Altamira, Ayuntamiento de Matamoros, Universidad de Seguridad y Justicia, Instituto Tamaulipeco de Educación de los Adultos, Instituto del deporte, Comisión de Caza y Pesca, Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas y las Comapas de Mainero, y Llera.
El Auditor resaltó que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo ha sido uno de los municipios que más se ha negado, en reiteradas ocasiones, a entregar la información que se le requiere por medio de observaciones.
Espino Ascanio indicó que en relación al fondo de pensiones que fue desfalcado en el sexenio del gobierno de Egidio Torre, “en el tema del IPSSET desde el 2017 fue detectada una irregularidad con responsabilidad por un promedio de 300 millones que posteriormente actualizados subió a mil 600 millones, y se fincó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.
Añadió que el desfalco, “fue detectado, procesado y quedó sujeto a las autoridades que le corresponde”
Dijo que los tres funcionarios responsables habrían sido, además de Jorge Abrego, al ex director del IPPSET y el director administrativo del IPSSET cuyos nombres no citó para respetar el debido proceso de las denuncias penales.
En la comparecencia el Auditor se encargó de responder los cuestionamientos de los diputados locales de diferentes partidos políticos, basándose en la información técnica que maneja el área de fiscalización.
