Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Los recientes cierres de maquiladoras en Matamoros ha detonado en pérdidas de empleos formales y ha evidenciado la vulnerabilidad del modelo de ensamble orientado a la exportación, particularmente en la frontera norte del estado.
En este contexto, Matamoros se ha convertido en el epicentro de la problemática, pero los efectos se están extendiendo también a Reynosa y Nuevo Laredo generando un entorno de incertidumbre laboral y productiva que exige respuestas inmediatas y coordinadas.
En Matamoros, el cierre de las empresas TRIDONEX, CARDONE y, más recientemente, TRICO Componentes S.A. de C.V., ha significado la pérdida de poco más de 5 mil empleos formales, afectando principalmente a trabajadores operarios con alta dependencia de este tipo de plazas manufactureras.
La situación de TRICO está asociada a la crisis financiera y quiebra del corporativo internacional First Brands Group, propietario también de TRIDONEX y CARDONE, lo que demuestra que decisiones empresariales tomadas fuera del país tienen impactos directos sobre la planta productiva y el empleo local.
Ante este escenario, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha activado mecanismos de emergencia para salvaguardar los derechos laborales de más de tres mil trabajadores vinculados a estas empresas.
Los cierres de TRIDONEX y CARDONE se explican, en gran medida, por la quiebra de First Brands Group y por la naturaleza de las maquiladoras afectadas, altamente integradas a la cadena automotriz de Estados Unidos.
Estas plantas de autopartes operaban con márgenes estrechos, dependientes de contratos con armadoras y distribuidores estadounidenses.
La reciente política de aranceles, medidas proteccionistas y amenazas de mayores impuestos a ciertos productos importados por parte del gobierno de Estados Unidos, ha elevado la incertidumbre y los costos en estas cadenas de suministro.
Ello ha llevado a corporativos como First Brands a reestructurar operaciones, cerrar plantas en México, compactar producción y priorizar instalaciones ubicadas dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de reducir el riesgo asociado a cambios abruptos en la política comercial.
La Secretaría del Trabajo ha instrumentado una estrategia integral basada en el diálogo, la conciliación y el acompañamiento directo a las y los trabajadores afectados.
A través del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se han ofrecido asesoría jurídica, revisión de liquidaciones, orientación sobre prestaciones y apoyo en la presentación de quejas y demandas, con el objetivo de garantizar el pago de indemnizaciones conforme a la legislación vigente y evitar abusos patronales.
Sin embargo, la magnitud de la crisis rebasa el ámbito estrictamente laboral y se proyecta hacia el tejido económico y social de la región.
En Reynosa se han registrado “ajustes” en varias maquiladoras que, en conjunto, han dejado sin empleo a cientos de obreros, reflejándose en recortes de personal, cancelación de turnos y congelamiento de nuevas contrataciones.
En Nuevo Laredo, más que cierres masivos, se observa una reducción en las contrataciones y en el ritmo de operación, asociada a la renegociación de contratos y a la incertidumbre sobre la demanda externa.
Ciudad Victoria presenta un escenario mixto: aunque existen anuncios de expansión de algunas plantas con generación limitada de nuevos empleos, estos son insuficientes para compensar las pérdidas en la frontera y para absorber a los trabajadores desplazados.
Ante esta coyuntura, se propone un paquete de soluciones inmediatas.
Primero, la creación de un fondo estatal de emergencia para garantizar el pago oportuno de liquidaciones y prestaciones a los trabajadores afectados, mediante esquemas de cofinanciamiento con la Federación y, cuando sea posible, con los propios corporativos.
Segundo, el diseño de un programa intensivo de recolocación laboral y reconversión de habilidades, que articule al Servicio Nacional de Empleo, universidades tecnológicas y empresas de otros sectores para acelerar la inserción de los obreros despedidos en nuevas actividades formales.
Tercero, la implementación de incentivos fiscales y administrativos de corto plazo para empresas que mantengan o incrementen su plantilla laboral en Tamaulipas, condicionados al respeto de los derechos laborales.
Cuarto, avanzar en una estrategia de diversificación productiva que reduzca la dependencia de un número limitado de corporativos internacionales y de un solo tipo de producto, fomentando la llegada de inversiones en sectores de mayor contenido tecnológico y en cadenas de valor regionales.
Quinto, fortalecer de manera permanente las capacidades del Centro de Conciliación Laboral y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de modo que las medidas de atención no se limiten a la emergencia actual, sino que se conviertan en un pilar institucional para la prevención y manejo de futuras crisis en el sector maquilador.
Frente a esta coyuntura, Tamaulipas tiene la oportunidad de transformar la crisis maquiladora en un punto de inflexión hacia un modelo productivo más diversificado y resiliente. Si gobierno, empresas, sindicatos y universidades articulan un pacto por el empleo digno, que combine apoyo inmediato a los trabajadores despedidos con inversión en innovación, capacitación y atracción de nuevas industrias, la frontera puede transitar de la dependencia a pocos corporativos a una plataforma industrial más sólida, competitiva y socialmente incluyente.
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