Agencia ANTAM.
REYNOSA, TAMPS. El secretario de la FECANACO Tamaulipas, Roberto Cruz Hernández, informó que el estado ya cuenta con un marco jurídico específico para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, luego de que el Congreso del Estado expidiera el Decreto No. 66-904, publicado el 10 de diciembre de 2025.
“Mediante dicho decreto se establece la ‘Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en Tamaulipas’ ”, indicó el líder empresarial.
Señaló que existía la percepción entre diversos sectores de que la entidad aún figuraba entre los estados pendientes de homologar su legislación con el marco nacional en la materia; sin embargo, aclaró que esa apreciación es incorrecta.
“Es importante precisar que desde diciembre de 2025, Tamaulipas cuenta ya con un marco legal específico para atender y perseguir este delito que afecta a familias, comercios, prestadores de servicios y a la sociedad en general”, expresó.
Cruz Hernández destacó que la expedición de esta ley representa un avance relevante en el fortalecimiento institucional para combatir uno de los delitos que más afecta al entorno económico y social, particularmente a pequeñas y medianas empresas, comercios y prestadores de servicios.
No obstante, advirtió que el principal desafío será la implementación y ejecución efectiva de la norma.
“Consideramos indispensable que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública cuenten con recursos humanos, tecnológicos y operativos acordes con la dimensión real del problema. Una ley requiere instituciones fortalecidas para traducirse en resultados”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el plazo de 180 días establecido para realizar las adecuaciones operativas y administrativas necesarias para su plena aplicación está próximo a cumplirse, por lo que consideró importante conocer el nivel de avance alcanzado por las dependencias involucradas.
Añadió que aún existen reformas complementarias pendientes para lograr una homologación integral, particularmente en la Ley de Atención a Víctimas, a fin de incorporar medidas específicas para personas afectadas por extorsión, así como apoyo psicológico y acompañamiento especializado.
Finalmente, señaló que el combate a la extorsión debe abordarse de manera integral, fortaleciendo la prevención, la investigación, la atención a víctimas y la capacidad institucional del Estado.
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